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El recurso ante el Supremo retrasará un año más una Ciudad de la Justicia "estancada" y "atascada"

El presidente de la Audiencia sigue apostando por un edifico en el Prado.

el 08 feb 2011 / 13:55 h.

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Juan Ignacio Zoido con los vecinos del barrio.

El presidente de la Audiencia de Sevilla dijo ayer que el recurso que mantiene bloqueada la Ciudad de la Justicia de Sevilla tardará en resolverse al menos otro año, aunque insinuó que el Gobierno puede zanjarlo de inmediato si lo retira y se conforma con la edificabilidad del solar. "No está en mi mano el que eso ocurra, pero la Consejería de Justicia está realizando gestiones para desbloquear una situación que dura ya demasiado", sentenció. El recurso afecta a los suelos elegidos para levantar la macrosede judicial, compartidos por Gobierno (60%) y Ayuntamiento (40%). El Ejecutivo central se opuso a la reducción de edificabilidad decretada en el Plan de Ordenación Urbana (PGOU) y acudió al Supremo, que "no va a resolver en un plazo inferior a un año desde ahora", según el presidente de la Audiencia.

El recurso fue la última puntilla para un proyecto que lleva ya una década "estancado y atascado" y para el que el presidente del órgano judicial, Damián Álvarez, propuso una solución mucho más rápida: construirlo en el solar del Prado de San Sebastián colindante con los juzgados, opción que ya defendió el año pasado, aunque como recordó, le corresponde a la Junta decidir sobre un proyecto que consideró todavía "lejano". Así lo manifestó ayer tras desgranar las cuestiones que ha recogido en el informe anual que ya ha elevado ya al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el que hace balance del año pasado y de la situación de la Justicia en Sevilla.

Álvarez admitió que es consciente de que los estamentos judiciales "mantienen una actitud escéptica y de desilusión" a la vista del retraso de la Ciudad de la Justicia, pese a ser una necesidad "absolutamente inaplazable".

También se lamentó porque las obras previstas para mejorar el resto de las instalaciones judiciales de la capital "no acaban de iniciarse", y explicó que no sabe si "se trata de un problema de diseño arquitectónico, de la necesidad de adaptarse a las necesidades del nuevo modelo de oficina judicial, o por razones presupuestarias", pero admitió que no ha sido informado de que la remodelación se vaya a iniciar en un futuro inmediato.

De esta forma, aunque consideró que de tener que evaluar la situación de la Justicia en Sevilla le daría "entre un aprobado y un notable", Álvarez valoró que "no dista mucho de la que existe en otras ciudades". Entre las mejoras que son necesarias citó el aumento de la plantilla de jueces, el rediseño de los funcionarios para equilibrar la dotación entre los distintos órganos judiciales, una mayor atención al mantenimiento de los edificios judiciales y la renovación del material de estas oficinas, en especial el informático, "que se queda obsoleto" con rapidez.

El presidente de la Audiencia quiso llamar la atención sobre la necesidad de que lleguen a la Audiencia nuevos jueces desde órganos unipersonales como los juzgados ordinarios, que quieran realizar su promoción profesional alcanzando una plaza en la Audiencia provincial.

Damián Álvarez afirmó que para permitir su acceso a este órgano es necesario que se creen plazas nuevas, ya que el relevo generacional natural está absolutamente estancado entre los 31 magistrados que ahora ocupan estas plazas: "El acceso de jueces está ahora cerrado por razones de edad, ya que yo soy el segundo de los magistrados, y me quedan todavía diez años para jubilarme", explicó, durante los cuales ningún magistrado joven podría ascender desde un juzgado para convertirse en titular de un órgano judicial de la Audiencia.

Álvarez ha propuesto en su informe la creación de diez nuevos órganos judiciales para Sevilla, cinco “necesarios y urgentísimos” y otros cinco recomendables. Entre los primeros estaría una nueva sección Penal en la Audiencia (sería la 9a), o en su defecto dotar de un magistrado más a cada una de las ocho actuales; así como cinco nuevos órganos de Primera Instancia, uno de ellos de Familia. Los cinco recomendables serían de Instrucción, Contencioso, Social, Mercantil y un segundo Registro Civil. En la provincia harían falta otros cinco repartidos entre Sanlúcar, Utrera, Alcalá de Guadaíra y Cazalla de la Sierra.

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