Le toca el turno de los recortes sociales al Reino Unido. El Gobierno británico presentó ayer un duro ajuste presupuestario con el que la coalición de conservadores y liberal-demócratas quiere reducir en el plazo de cinco años el abultado déficit del Estado, estimado actualmente en torno a los 155.000 millones de libras.
Así, el ministro de Economía, George Osborne, presentó un presupuesto de emergencia que contempla, de un lado, una subida del IVA del 17,5% al 20% a partir de enero de 2011, lo que generará unos ingresos de 13.000 millones de libras, y de otro, la imposición de una nueva tasa a lo banca. Además, incluye una prórroga de la congelación salarial en el sector público durante dos años para quienes cobren anualmente más de 21.000 libras (25.300 euros), la suspensión durante tres años de las ayudas por hijos y la eliminación de los incentivos familiares en el caso de hogares con ingresos superiores a las 40.000 libras.
Los recortes en políticas sociales afectarán a amplios sectores de la población, porque también implican una aceleración del proceso para retrasar la edad de jubilación a los 66 años y una limitación de las ayudas de vivienda para los sectores más desfavorecidos. Además, las personas que reciben subsidios por minusvalía deberán someterse a nuevos exámenes médicos para valorar su situación.
La única concesión del nuevo presupuesto fue el aumento de la tasa básica impositiva para las personas físicas, que se incrementa hasta las 7.745 libras anuales, lo que beneficiará a 880.000 personas, que a partir de ahora no tendrán que pagar impuestos.
"Es un presupuesto de emergencia, así que déjenme hablarles con claridad de la emergencia que afrontamos. El Gobierno de coalición ha heredado de su predecesor el mayor déficit presupuestario de cualquier economía en Europa con la excepción de Irlanda", dijo.
De no tomarse estas medidas para reducir el déficit, argumentó Osborne, la credibilidad del país en los mercados internacionales se verá afectada, con "catastróficas" consecuencias.
