El año pasado, Andalucía logró que los dependientes realmente atendidos pesarán un 20%en el reparto del fondo del nivel acordado pero su aspiración es que progresivamente éste criterio sea el que más pese y en la reunión de hoy su petición contará con el apoyo de otras cuatro comunidades. Si en 2009, cuando el dinero a repartir de esta parte de financiación de la Ley de Dependencia ascendía también a 283 millones, a Andalucía le correspondieron 55,9 millones. La Junta estima que con el nueve criterio esa cifra podría incrementarse en unos siete millones.
La pretensión de Andalucía y de al menos las cuatro comunidades que apoyan este reparto es que el peso de los dependientes realmente atendidos aumente progresivamente hasta alcanzar el 90 ó 100% del nivel acordado en 2013. En posiciones opuestas se encuentran comunidades como Madrid o Valencia, que defienden que el criterio predominante siga siendo los potenciales dependientes según las previsiones del Libro Blanco con las que se elaboró la ley y que, tres años después, se han visto ampliamente superadas. Hay otros criterios en juego que también pesan en el reparto, como la insularidad y la dispersión demográfica, que son esgrimidas por Canarias o Castilla y León.
Que Andalucía sea quien abandere esta causa desde el principio no es casual pues atiende el 28,3% de las solicitudes de ayuda. A fecha del 3 de mayo, hay 217.013 grandes dependientes o dependientes severos en Andalucía a los que ya se ha reconocido su derecho a recibir una prestación (de 366.305 solicitudes presentadas) y 155.550 ya la perciben (el 28% de los 553.716 beneficiarios de toda España). De los que tienen reconocido el derecho, el 71,6% ya reciben una prestación (algunos más de una porque en Andalucía es compatible la teleasistencia y la ayuda a domicilio con el centro de día, si bien el 47% son económicas), porcentaje aún mayor en las otras cuatro autonomías. Pero hay comunidades como Canarias o Valencia donde menos de la mitad de los reconocidos como beneficiarios la reciben, lo que indica un retraso en la asignación. El plan de ajuste del Gobierno suprime el derecho a la retroactividad para atajar ese retraso.
