El temporal en el Estrecho impidió ayer acometer los trabajos del rescate del New Flame en aguas españolas frente a Gibraltar después de que el domingo el buque sufriera un nuevo hundimiento, que provocó el vertido de 24 toneladas de residuos en las playas de Algeciras.
El mal estado del mar -es el temporal más duro en los últimos cinco años- motivó la decisión del Gobierno de la Nación de hacer permanecer en el litoral andaluz el dispositivo de limpieza -compuesto, entre otras cosas, por 28 trabajadores, cinco buques y medios aéreos especializados-, ante el riego de nuevos vertidos.
Estas medidas se están llevando a cabo junto a actuaciones en el terreno político. El Ministerio de Exteriores anunció que llamó a la embajadora británica para recordarle la urgencia de establecer una reunión conjunta a tres bandas. "Será monográfica y servirá para tratar cuestiones ambientales y para establecer mecanismos conjuntos de control con origen en Gibraltar", señalaron fuentes de este departamento.
En cuanto al rescate del buque chatarrero, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aseguró que, aunque está previsto que salga del lugar de donde se encuentra situado, Gibraltar desarrolla un proceso de actuaciones que aún no se ha llevado a cabo en el tiempo en que se anunció "por el estado del mar". "Es desde ese programa existente desde el que hay que esperar los pasos decisivos", remarcó Narbona. "El Gobierno ha puesto los medios marítimos necesarios para evitar que los vertidos lleguen a las playas con los métodos que ya conocemos para recoger la contaminación", explicó.
Propiedad de las aguas. Entretanto, volvió a reavivarse la polémica sobre las aguas en que está hundido el New Flame, a raíz de unas declaraciones de Narbona, quien aseguró que el chatarrero se hallaba "en aguas gibraltareñas". Fuentes del Ministerio de Exteriores puntualizaron que España acordó que fuera el Peñón -de cuyo puerto salió el New Flame sin permiso- quien se encargara de gestionar el rescate y aseguraron que dichas aguas ni son de la Roca y ni las gestionan sus autoridades.
Según Exteriores, este acuerdo no implicó en modo alguno que España renunciara a la soberanía sobre esas aguas.
