El restaurante Río Grande de Sevilla, cuya propietaria figura como imputada en las diligencias relativas a la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con fondos públicos, cosechó beneficios por valor de más de 1,25 millones de euros el año previo a promover un ERE. Ese expediente contempló 13 prejubilaciones subvencionadas, incluida la de una mujer beneficiaria que jamás había formado parte de la plantilla.
La jueza Mercedes Alaya, que instruye el supuesto fraude de las ayudas de empleo, concentra sus pesquisas en el acuerdo rubricado entre la dirección general de Trabajo y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en 2001, vigente durante los últimos diez años. El IFA (luego convertido en la Agencia IDEA) libró un fondo de 647 millones de euros para ayudas a empresas en crisis, con cargo a la partida presupuestaria 31L. Alaya investiga el procedimiento, en apariencia, arbitrario y discrecional con el que se otorgaban ayudas sacadas de esa partida. El que fuera director general de Trabajo durante nueve años y principal imputado en la causa de los ERE, Francisco Javier Guerrero, admitió en una declaración policial que esa partida se utilizaba como un "fondo de reptiles", con un procedimiento supuestamente al margen de la Ley autonómica de Hacienda Pública, para agilizar los subvenciones a los parados.
La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, detectó y elevó a la juez un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancia administrativa" en al menos 67 expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas con cargo al llamado "fondo de reptiles".
Un reciente atestado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil fechado el 25 de enero de 2012 ha destapado algunos aspectos relativos al expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2005 por el restaurante hispalense Río Grande, enclavado en la calle Betis a orillas del Guadalquivir. Este expediente de regulación de empleo incluyó una póliza de seguro de rentas en favor de la vecina de Sevilla María del Carmen Fontela, pese a que ella jamás había trabajado en este negocio.
El caso de Fontela fue uno de los más conocidos por ser una de las primeras presuntas prejubilaciones fraudulentas en salir a la luz pública. Su nombre figura en buena parte de la documentación de la póliza de seguro de rentas relativa al ERE acordado en 2003 por la sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento hispalense.
