El delegado de Urbanismo, Emilio Carrillo, aseguró que la expropiación de parte de los terrenos del restaurante Río Grande, y todo su proceso, se hizo "según la ley". Carrillo declaró ayer en el Juzgado de Instrucción 20 como imputado, junto con el jefe del servicio de Infraestructuras de la Consejería de Obras Públicas, Juan Palomo, a raíz de una denuncia de los propietarios del restaurante por presunta prevaricación y falsedad en documento público.
Según la denuncia, ambos firmaron en febrero de 2006 el acta de ocupación de los terrenos, que fueron expropiados para las obras de la línea 1 del Metro de Sevilla a su paso por la plaza de Cuba. Sin embargo, ninguno se personó en el momento de la expropiación, como indica la Ley de Expropiación Forzosa de 1954.
El propio Carrillo ha reconocido que no estuvo presente, si bien aclaró que se trata de "una práctica asentada", negando que existiera voluntad de dañar a terceros con la expropiación, que se realizó por vía de urgencia.
La defensa del delegado de Urbanismo confía en que la denuncia se archive porque "no existe delito", afirmando que se "está extrapolando a la vía penal una cuestión administrativa".