El expresidente de la Junta de Andalucía y todo su equipo de colaboradores tienen entre sus manos un reto básico para el diseño de la configuración de la política territorial de los próximos veinte años en España: la articulación jurídica y política de los mecanismos de colaboración y cooperación entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.
Las normas constitucionales que se ocupan de la distribución territorial del poder, de por sí bastante imprecisas, pusieron el acento en la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas y en los mecanismos de resolución de conflictos jurídicos que se pudieran plantear entre estas instancias. Apenas se citaron, por falta de previsión del constituyente, normas sobre la cooperación entre los gobiernos territoriales. Las escasísimas menciones constitucionales se dedican a la cooperación entre Comunidades Autónomas y no de éstas con el Estado y además se formulan desde la desconfianza en estos instrumentos.
A lo largo de estos años se han intentado promover diversos mecanismos de cooperación gubernamental interterritorial con escaso éxito; en el plano jurídico mediante la regulación de las conferencias sectoriales, y en el plano político con la aparición de la Conferencia de Presidentes de las Comunidades Autónomas, que no se encuentra consolidada, y que además carece de normas de regulación.
Por ello, y ante la improbabilidad de que se produzca la necesaria reforma del Senado, nos encontramos con la necesidad de articular mecanismos de cooperación, instrumentos indispensables para el buen funcionamiento de un Estado descentralizado como el nuestro. Hay que superar la falta de cultura cooperativa gubernamental, por lo que no nos encontramos sólo con un problema de diseño técnico del modelo de relaciones, sino que ha de propiciarse una cultura cooperativa que lleve a dinámicas distintas de las actuales, y se ha de confeccionar una ley de cooperación intergubernamental que contenga los elementos fundamentales de un nuevo modelo de relaciones entre Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.
El trabajo es complejo pero muy necesario y para ello se debe encontrar una situación en la que puedan encontrar acomodo tanto las posiciones que abogan por fórmulas de autonomía diferenciada para determinados territorios como aquellas otras que enfatizan la búsqueda de igualdad de status para todos, sin obviar el componente de juego político que se deriva de los diferentes colores políticos de los gobiernos de los territorios.
Cerrar el modelo de financiación supone el primer reto que Chaves y su equipo han de afrontar pero este logro debe enmarcarse en el más complejo y apasionante que implica establecer una eficaz regulación de la dimensión cooperativa de nuestro sistema de organización territorial para los próximos veinte años.
