El Rey Juan Carlos sancionará este martes en el Palacio de la Zarzuela la segunda reforma en la historia de la Constitución española, que modificará su artículo 135 para incluir en la Carta Magna el principio de estabilidad presupuestaria .
El jefe del Estado autorizará con su firma la entrada en vigor del nuevo texto en un acto en el Salón de Audiencias del Palacio de la Zarzuela previsto a las 11.30 horas, al que asistirán el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, los presidentes del Congreso y del Senado, José Bono y Javier Rojo, así como los máximos representantes del Tribunal Supremo y del Constitucional, Carlos Dívar y Pascual Sala, respectivamente.
Hasta ahora, la única reforma que había conocido la Constitución se remonta a 1992, cuando se añadió al artículo 13.2 la expresión "y pasivo" referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales.
La Carta Magna se adecuaba así al Tratado europeo de Maastrich, firmado ese mismo año y que establecía que "todo ciudadano de la Unión europea que resida en un Estado miembro del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales del Estado miembro en el que resida*".
En esa ocasión, como ocurre ahora con la modificación del artículo 135, la reforma de la Constitución no se sometió a referéndum porque el número de diputados y senadores que solicitó la consulta popular no alcanzó el mínimo establecido.
La reforma de 1992 fue pues sancionada y promulgada por el Rey en un acto en el Palacio Real el 27 de agosto de ese año, y publicada un día después en el Boletín Oficial del Estado.
En esta ocasión y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 167.3 de la Constitución, a partir de la fecha de aprobación por las Cortes de esta segunda reforma constitucional se abrió plazo para que, bien una décima parte de los miembros del Congreso o del Senado, solicitaran que la reforma aprobada por las Cortes Generales fuera sometida a referéndum para su ratificación.
En ninguna de las Cámaras el número de parlamentarios que pidió el referéndum alcanzó el mínimo establecido. En el Congreso, por ejemplo, sólo 19 reclamaron la convocatoria de una consulta 'popular' (seis del PNV, tres de ERC, dos de IU-ICV, dos del BNG, dos del Grupo Socialista, dos de Coalición Canaria, y las diputadas de UPyD y Nafarroa-Bai).
