El informe de la Universidad de Sevilla que alerta sobre la creación de nuevos focos de marginalidad en la primera corona metropolitana supone, además de un oportuno trabajo de investigación académica, un serio toque de atención para que las administraciones redoblen los esfuerzos en prevenir la proliferación de guetos a través de amplios programas de atención a los inmigrantes que puedan garantizar su integración social. El estudio, elaborado por la profesora de Geografía Humana de la Hispalense Pilar Almoguera, apunta a zonas de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, San Juan de Aznalfarache, Camas y Utrera y detalla que desde el año 2000, esos municipios han experimentado un sensible incremento de población inmigrante que, huyendo del alza de los precios de la vivienda en la capital, se ha ido asentando en barriadas periféricas de estas poblaciones, donde existe un serio riesgo de exclusión social. Dicho informe, que alerta de los "tintes dramáticos" de la situación por tratarse de zonas ya de por sí deterioradas con infraviviendas y familias desestructuradas, ha sido corroborado por el defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, quien ha exigido a las administraciones una mayor implicación en la puesta en marcha de programas específicos para atender a los inmigrantes y sus familias. La situación actual no es irreversible, pero podría llegar a serlo si no se ponen en marcha mecanismos de prevención que eviten el deterioro de las condiciones de vida de esos barrios. La disciplina urbanística y el refuerzo de la seguridad son otros elementos esenciales para evitar un mayor deterioro. La experiencia demuestra que erradicar zonas marginales es muy lento y complicado, pero no imposible. El precedente de los chabolistas de San Diego o el actual del Polígono Sur evidencia que con voluntad, discreción y consenso de los poderes públicos se puede procurar la integración de estas personas en riesgo de exclusión.
