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El sacrificio de salvar la escuela

La Junta busca cómo limitar las ofertas de empleo público en otros sectores para cubrir las plazas de maestros.

el 06 mar 2011 / 18:51 h.

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Este año, la Junta convocará casi 3.800 plazas para Educación Infantil y Primaria.
El Consejo de Ministros aprobó hace diez días la oferta de empleo público para 2011, que se ha visto reducida en un 24% respecto al año pasado. Sólo en el sueldo de funcionarios jubilados que no serán sustituidos (policías, guardias civiles, miembros del Ejército y de la administración general), el Gobierno central se ha ahorrado 338 millones de euros.

 

La estrategia para contener el gasto público y aliviar el déficit pasa, irremediablemente, por una drástica reducción de personal. De cada diez funcionarios que se jubilen, sólo podrá cubrirse la vacante de uno (10% de la tasa de reposición), excepto en el cuerpo docente, que será del 30%. Este límite fue de las medidas más concretas que el Ministerio de Economía le presentó el año pasado al Ecofin para explicar el plan de estabilidad de España y su estrategia para reducir el déficit público hasta el 3% del PIB en 2013.

Ahora los Ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas esperan de brazos cruzados a que las comunidades autónomas ejecuten un recorte equivalente en sus plantillas. El debate se ha centrado en el impacto que causarán los ajustes en el cuerpo de profesores, que hasta ahora siempre había estado protegido de los recortes. Los Gobiernos regionales han respondido de dos formas distintas: La Rioja y Madrid han respetado estrictamente el límite estatal para el cuerpo de profesores. Madrid, que pretendía ofertar 2.000 plazas, sólo ha sacado 289, y La Rioja, que tenía previsto sacar 200, al final no ha convocado oposiciones porque el límite estatal no le permitía ofertar más de 26. Cataluña y Andalucía se han saltado el tope del Gobierno central: La Generalitat cubrirá la mitad de las vacantes de profesores y sanitarios y, a cambio, no sustituirá ninguna baja ni sacará oferta de empleo en el resto de administraciones.

Andalucía hará algo parecido, pero su margen para equilibrar las cuentas es más complejo porque sus cifras de gastos de personal son las mayores de España. La Junta no renunciará a ninguna plaza de maestro, cubrirá el 100% de las vacantes y además creará 684 plazas más. Para compensar, reducirá plantilla del personal sanitario y sobre todo de la administración general. A priori, el Gobierno central se ha mostrado a favor, pero todavía una comisión deberá estudiar si cuadran las cifras andaluzas. "¿Si en un extremo de la balanza pones 3.800 plazas de profesor, cuántas tienes que quitar de otras administraciones para lograr el equilibrio presupuestario?", se preguntan desde Economía y Hacienda.

En la administración general se convocarán 750 plazas. Y en la sanidad andaluza, una de las damnificadas según la Junta, donde trabajan más de 83.000 personas, los recortes no afectarán tanto a los médicos, como a auxiliares de enfermería, ATS y personal no sanitario de los grupos C, D y E, que representan casi el 70% de la plantilla del SAS. El Ejecutivo andaluz no ha explicado cuánto reducirá el SAS, y es difícil saber cómo le afectará el límite presupuestario, porque se rigen por un estatuto marco distinto al de los funcionarios. Este régimen laboral permite contratar de forma eventual a facultativos para garantizar la atención asistencial en caso de una urgencia, de un brote epidémico, por ejemplo. De todas formas, del personal médico, este año se tendrían que jubilar forzosamente 203 facultativos (por tener 65 años), pero debido al déficit de médicos en algunas especialidades, la Junta aprobó, con el beneplácito de los sindicatos y al margen de la reforma estatal de las pensiones, permitir a este colectivo prolongar desde ya su jubilación a los 67 de manera voluntaria. Aún se desconoce cuántos lo harán y Salud no aclara si podrá ofertar plazas para cubrirá todas las vacantes de los que se retiren.
compromiso. El compromiso del Gobierno andaluz con la política educativa ha llevado el debate al extremo, contagiando a otras comunidades y a otras administraciones.

Todo esto cogió desprevenido al Ministerio de Educación, que se ha visto atrapado entre dos fuegos: su obligación de defender las políticas de austeridad del Gobierno y el convencimiento de que algunas regiones no podían afrontar el recorte de maestros que supondría cubrir solo el 30% de las jubilaciones.

El límite de la tasa de reposición se incluyó en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, de obligado cumplimiento para las comunidades. Sin embargo, en el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin), preocupan las dificultades que encuentra el Gobierno español para contener el gasto de las autonomías. Para disipar el escepticismo, el presidente Zapatero aceptó una entrevista con el conservador diario Financial Times, en la que lanzó un mensaje claro: "Nosotros debemos dar ejemplo a las autonomías con el control del gasto público. Y ellos tienen que responder. Ellos tienen que cumplir con las obligaciones porque si no lo hacen, el Gobierno actuará".

Zapatero lanzó el órdago, estratégicamente, hace dos meses, cuando las comunidades estaban rumiando su oferta de empleo público. La semana pasada, en el Consejo de Ministros, se cumplió la primera parte de su aviso: el Gobierno ha dado ejemplo al anunciar que la oferta de empleo será un 24% inferior a la de 2010 y un 87% menor a 2009. Ahora las comunidades deberían cumplir la segunda parte del mensaje.

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