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El SAF cuestiona la adjudicación de 950 millones en ayudas desde 2011

El Sindicato de Funcionarios les acusa de usurpación de potestades públicas.

el 20 oct 2014 / 12:36 h.

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El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha puesto hoy una denuncia penal por posible delito de prevaricación contra 42 altos cargos de la Junta de Andalucía. Les acusa además del posible delito de prevaricación, de usurpación de potestades públicas y malversación de fondos a altos cargos responsables de siete agencias públicas y entes instrumentales por la concesión de ayudas entre las mismas empresas o en la adjudicación de contratos públicos porque en ningún momento han sido fiscalizadas por funcionarios. Este sindicato ha denunciado la sistemática forma de trabajar de estas agencias de la Administración que usurpan funciones que deben de realizar los funcionarios, como es el caso del gasto del dinero público y la adjudicación de contratos que se realizan. El SAF también ha denunciado la falta de información por parte de la Junta de Andalucía. La información que ha dado lugar a la denuncia ha sido recabada de las subvenciones superiores a 3.000 euros (las de menor cuantía no hay obligación de que se publiciten) que han sido publicadas en el BOJA. El presidente del sindicato de funcionarios, José Manuel Mateo Navarro, ha aclarado que estas ayudas se han podido destinar para lo que se dieron. Su crítica se centra en que las ayudas no han sido fiscalizadas. La agencia que se salva de la denuncia es la de Servicios Sociales, que sí tiene personal funcionario contratado. En Andalucía, hay 21.000 funcionarios de la Administración general, 27.000 personal laboral y 27.000 que trabajan en las agencias y entes instrumentales, según los cálculos del SAF.

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