La columna vertebral de la prestación social de los pueblos pende del hilo de una resolución que, cada año, sale publicado en el BOJA, que determina la porción económica de la tarta que se llevará cada Ayuntamiento para promover esa cohesión social e igualdad en su territorio. La tarta lleva años empequeñeciendo, fruto de los recortes derivados de la crisis, y el año 2014, el llamado de la recuperación económica, no ha escapado a esa dinámica. De ella son responsables la Junta de Andalucía y el Ministerio de Hacienda. El primero mantuvo las partidas de 2013 tras la año, pero el Estado acordó una nueva reducción lineal del 13,4 por ciento en las partidas, que afecta tanto a los 16 municipios mayores de 20.000 habitantes, que reciben la cantidad directamente, como el resto, que lo gestiona a través de la Diputación de Sevilla a través de convenios de colaboración. El recorte, pese al porcentaje, es sólo de 95.000 euros. Nada que ver con los años precedentes, donde se pasó de una aportación estatal que rondaba los 2,4 millones de euros excluyendo a la capital fue en 2009 y 2010 a aportar sólo 612.583 euros para los 104 municipios sevillanos. Ante esta tesitura, la Diputación de Sevilla ha decidido efectuar la misma maniobra que ya efectuó tanto en 2012 como en 2013: poner de su bolsillo la parte que queda para que se mantenga lo mínimo para financiar las estructuras básicas de servicios sociales y que el servicio de Ayuda a domicilio se siga prestando en los pueblos que son de su competencia directa los catalogados como pequeños. Así lo avanzó el presidente de la corporación provincial, Fernando Rodríguez Villalobos, que no obstante ha echado de nuevo la mirada crítica a las políticas que llegan de Madrid. El enfado se entiende tirando de calculadora. En 2011, uno de cada cuatro euros de los servicios sociales comunitarios provenía de las arcas del Ministerio de Hacienda. Tres años después, queda reducido a uno de cada diez euros, lo que equivale a no percibir 1,6 millones de euros, es decir, un 72,55 por ciento menos que en 2011. El bajón más brusco de la aportación estatal se produjo sobre todo en 2012, cuando, cuando se percibió un 1.015.985 euros menos de los que la mitad, 507.394 euros iban a parar a la Diputación. Al año siguiente, los números negativos proseguían, con 507.394 euros, que se sumaba al único recorte en servicios sociales que, en estos tres años, ha efectuado la Junta de Andalucía y que fue de 1.179.980 euros para la provincia de Sevilla excluyendo en todo ello a la capital, que también sufrió sus recortes. La Diputación, por ejemplo, en los primeros años de la crisis, percibía 4,1 millones, de los que 1,2 millones correspondían al Estado y 2,9 millones lo aportaba la Junta de Andalucía.Eso era en 2009 y 2010, algo que ya se vio levemente reducido en 2011 el Gobierno central rebajó la partida en 100.000 euros. A partir de ahí, las tijeras han llevado a que la cuantía total sea de 2,5 millones, de lo que 295.810 euros provenían de Hacienda y 2,3 millones de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta. En opinión de Rodríguez Villalobos, la menor aportación por parte del Estado para este año «podría haber causado recortes de plantilla o de servicios en los ayuntamientos dado que el Plan de Cohesión Social e Igualdad de la Corporación provincial contaba para este año con el 13,4% recortado». Algo que afirma sin tapujos que es «inconcebible»ya que el objetivo «debería ser garantizar en todos los municipios las políticas sociales básicas». Por fortuna, no se ha visto mermado. O al menos así lo atestiguan los Gobiernos locales a los que se ha consultado. Y es que, mejor que los fríos números, quienes hacen una radiografía mejor de la situación son los dirigentes a pie de calle, que palpan la realidad de los pueblos. El alcalde de Olivares, Isidoro Ramos (PSOE), sabe que si no hay una apuesta real de todas las administraciones el servicio se desmorona como un castillo de naipes. El equipo que trabaja en el Ayuntamiento, formado por una decena de personas entre trabajadores sociales, educadores y servicio de ayuda a domicilio, son el pilar por el que se vertebra buena parte de las iniciativas municipales. Ya no es ejecutar los programas sociales, sino ser «el enlace con la realidad» de personas con necesidades. «Ellos son los que tienen una relación directa con los ciudadanos, a los que se le asesora de las ayudas individuales y de todo tipo de prestaciones». Los recortes, apunta Ramos, ha llevado a los servicios sociales municipales a una situación compleja, que sólo se suple «redoblar esfuerzos» y «a costa de echar horas y horas». Y, en ese saco de contribuciones incluye a la Diputación, ya que «sin su sostén financiero» a través de la adhesión, mediante convenio al Plan de Cohesión Social e Igualdad no se podrían llevar a la práctica unas políticas sociales que «ya se encuentran bajo mínimos». Es más reconoce que haría falta hacer más contrataciones ante la fuerte demanda existente en este municipio del Aljarafe. Pero no hay dinero en las arcas municipales. «Sin la ayuda, los servicios sociales de La Algaba se colapsarían», admite el alcalde, Diego Manuel Agüera, que aclara que no ha podido acceder a la totalidad de la partida, sino sólo a un 40 por ciento. «El resto, si no llega antes del otoño, acarrearía muchas dificultades», asevera el regidor algabeño, preocupado por la escasez de recursos económicos para lo que considera un bien de primera necesidad ciudadana. Tanto La Algaba como Olivares forman parte de ese grupo de ayuntamientos que ya han suscrito convenios con la Diputación. La última tanda se formalizó esta misma semana con nueve municipios, el Consorcio Estepa-Sierra Sur-El Peñón y de la Mancomunidad de Municipios Cornisa Sierra Norte. En total, el número de municipios que ya han firmado los convenios hasta ahora son 61, 2 entidades locales autónomas, 1 consorcio y 3 mancomunidades, lo que supone un 73 por ciento de los previstos para invertir más de 5,4 millones de euros en materia social. Así, fuentes de la institución provincial recuerdan que todavía quedan pendiente de firma de sus convenios otras 25 consistorios o entidades supramunicipales. Pese a las dificultades, el escollo económico se solventa. Sin embargo, el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, hizo suyo el miedo de los alcaldes ante la aplicación estricta de la reforma local y la posible retirada de sus competencias en servicios sociales a partir de 2015.De esta manera, indicó que «la aportación de fondos por parte de la Diputación de Sevilla se encuentra en grave peligro para los próximos ejercicios» en aplicación de la nueva ley de racionalización de la administración local. Esa misma inquietud la sufre la alcaldesa de Palomares del Río, uno de los pueblos que arrastran históricamente mayores dificultades económicas. Juana Caballero asegura que su Consistorio ni siquiera llegará al margen dado por la administración central para retener competencias en asuntos sociales. «Si alguien no lo remedia, según la ley, nos arrebatarán estas competencias», reconoce la alcaldesa, que aclara que todos los Consistorios tienen que demostrar que el servicio no es deficitario y que puede asumir sus costes. Algo que, a día de hoy, no puede hacer. «Hacemos un esfuerzo todos los días para dar un servicio de calidad y nos responden con más recortes y situaciones difíciles de asumir», señaló.
