El decreto, que la Junta prevé aprobar antes de final de año y con el que pretende ahorrar 197 millones este año, permitirá además que estos productos, así como los sueros y sustancias dietéticas para la alimentación por sonda, sean dispensados a los pacientes a domicilio directamente por los enfermeros que acuden a hacerles curas o tratamientos en casa, así como por el personal sanitario que atiende a los ancianos en centros residenciales.
El borrador, que ya ha pasado el trámite de alegaciones de las asociaciones de consumidores, colegios de farmacéuticos o agentes socioeconómicos, está ahora pendiente del informe del Consejo Consultivo y contempla los requisitos que deben cumplir los laboratorios que concurran a estas subastas.
El primero es garantizar una producción mínima, fijada en el porcentaje de recetas con cargo al sistema público dispensadas en relación con el total del consumo del fármaco durante el periodo de referencia anterior a la convocatoria, un requisito lógico para evitar problemas de desabastecimiento pero que limitará el acceso a la pequeña industria a favor de los grandes laboratorios, una de los principales argumentos del sector contrario al sistema de subasta. Para ciertos fármacos o productos, el SAS puede adjudicar la dispensación a más de un laboratorio, y así lo hará constar en la convocatoria, donde determinará también cuál es el medicamento que prioritariamente deben dar las farmacias. El segundo de la lista solo será dispensado si se agota el primero y en caso de un desabastecimiento total o parcial, el SAS puede romper el convenio con el primer adjudicatario y sustituirlo por el segundo.
En el caso de los colegios y la patronal farmacéuticos, su rechazo a este sistema se centra en considerar que rompe la unidad de la actual política de precios. Lo cierto es que, en el caso de los medicamentos, el Ministerio de Sanidad fija tanto la cuantía máxima financiada por el sistema público (el precio de referencia, que en el caso de los genéricos es lo máximo que pueden costar) como el precio menor al que durante un tiempo, normalmente se revisa anualmente, se puede vender al público. La Junta carece de competencias para variar ambos. Por ello, el decreto habla de "ventajas económicas" que los laboratorios pueden ofertar al SAS, que en la práctica se traducirán en ofertas tipo 2x1 o productos regalados al comprar ciertas cantidades de un fármaco, pero los fabricantes nunca podrán ofrecerle al SAS los medicamentos a un precio inferior al menor fijado por el Ministerio. Eso sí, en caso de que el Gobierno rebaje ese precio menor durante el periodo de vigencia del convenio entre el SAS y el laboratorio adjudicatario, éste deberá rebajar también el precio de venta y además mantener las "ventajas económicas" pactadas.
En el caso de los pañales, gasas o vendas, el Ministerio fija la cuantía máxima subvencionada pero no el precio menor. Por ello, el borrador contiene una disposición transitoria según la cual "en tanto el Estado no establezca un precio menor para cada tipo de producto sanitario" incluido en la prestación pública, será el SAS quien fijará su "precio máximo de facturación", precio que se actualizará "semestralmente" y se comunicará a los colegios de farmacéuticos dos meses antes de su entrada en vigor.
El objetivo de todas estas medidas, incluidas en el plan de reequilibrio presupuestario presentado por la Junta al Consejo de Política Fiscal y Financiera y que mantiene enfrentados a Salud con el sector, es ahorrar en el gasto farmacéutico, que representa el 40% de los 8.600 millones presupuestados este año para el SAS.
De hecho, el plan cifra el ahorro en 2011 en 197 millones, aunque las medidas no entrarán en vigor hasta 2012. Andalucía ya es la tercera comunidad con menor gasto farmacéutico por habitante, con un gasto medio por receta de 10,24 euros (frente a le media nacional de 11,59), un 14,21% menos que en 2010.
Facturas sombra
"La diferencia entre el importe del producto dispensado y lo que usted ha pagado es financiado por el Sistema Sanitario Público de Andalucía a través de los impuestos de los ciudadanos". Cada vez que un usuario adquiera en la farmacia un fármaco subvencionado por el sistema público de salud recibirá una factura sombra, como las ya puestas en marcha en algunos hospitales andaluces, para concienciar a los ciudadanos del coste que tiene esta prestación para el erario público. La factura sombra se dará a todos los pacientes, tanto los que pagan una parte de los medicamentos como los que tienen derecho a su dispensación gratuita. En la misma, además de este texto, constará el precio de facturación (lo que el SAS le paga a la farmacia) y lo que el usuario aporta, el IVA aplicado a cada fármaco y el número de envases o unidades dispensadas.
Ayudas a las farmacias rurales
Además de ahorrar en la factura farmacéutica global del sistema, la Junta quiere reinvertir esos ahorros en ayudas para las farmacias rurales que prestan un servicio público a municipios de menos de mil habitantes o núcleos de población aislados. Así, el 10% del ahorro que se obtenga en los convenios suscritos con los laboratorios ganadores de las subastas, se destinará a ayudas para estas oficinas de farmacia.
La cuantía que reciba cada una de las oficinas dependerá de su nivel de facturación anual (se tomará como referencia el año anterior al de la percepción de la ayuda) y del número de guardias obligatorias que realiza, pero en ningún caso podrá superar la retribución anual que perciben los titulares de las farmacias de atención primaria del Servicio Andaluz de Salud. Además, tendrán que haber funcionado durante todo el año anterior.