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El SAT insta a boicotear a Tragsa en El Coronil

El alcalde condena esta acción "irracional e irresponsable" y solicita la mediación de Valderas y más vigilancia de Delegación del Gobierno.

el 12 mar 2013 / 16:33 h.

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El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) está incitando que en el municipio de El Coronil (Sevilla), que desde hace más de dos meses soporta una huelga en el servicio de recogida de basuras promovida por el mismo sindicato, se multipliquen los puntos para depositar las bolsas de residuos con el fin de dificultar la tarea de limpieza por parte de las empresas que vengan a "romper la huelga".


Así lo ha reconocido en declaraciones a Europa Press el secretario general del SAT y exalcalde de El Coronil por IU-CA, Diego Cañamero, quien ha explicado que, tras la manifestación que el pasado fin de semana recorrió las calles del municipio en defensa de la huelga de basuras y para pedir al Ayuntamiento la activación de la bolsa de empleo en el servicio de recogida de residuos; él mismo animó a los vecinos a que, en lugar de depositar las bolsas de basura en los puntos indicados por el Consistorio, se llevaran a "otras zonas de las afueras".

El objetivo es, según ha destacado el propio Cañamero, que "en vez de 30 puntos de basura haya 70" para que así "a las empresas que vienen a romper la huelga en un ejercicio de esquirolaje no tengan la recogida tan fácil". No obstante, ha subrayado que su indicación era que las bolsas se depositen "perfectamente cerradas y selladas" en puntos "alejados" para "perjudicar lo menos posible" a los vecinos.

Por su parte, el alcalde, Jerónimo Guerrero (PSOE), que se encuentra a la espera de que la empresa pública Tragsa acuda a la localidad para "hacer cumplir los servicios mínimos" de la huelga, ha alertado en un comunicado de que las calles del municipio han amanecido este martes "regadas de bolsas de basura", una circunstancia de la que ha responsabilizado directamente SAT y a su dirigente, Diego Cañamero.

El alcalde ha condenado esta "acción irracional e irresponsable", que, según defiende, demuestra que la huelga de basura es "un conflicto inventado para desgastar al equipo de gobierno". "Esto no es querer a tu pueblo, es poner en peligro la salud de los vecinos", ha aseverado.

AMBAS PARTES ACEPTAN QUE VALDERAS MEDIE

Por ello, el alcalde, que considera que Cañamero "no es la persona adecuada para negociar una salida a esta barbarie", ha solicitado la intervención del vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador regional de IULV-CA, Diego Valderas, para que actúe como mediador y "ponga un poco de cordura en este asunto". Asimismo, ha pedido a la Delegación del Gobierno que "intensifique la vigilancia" en la localidad.

Respecto a esta cuestión, el dirigente del SAT ha asegurado que aceptaría la mediación de Valderas --"como si quiere mediar el nuevo papa", ha apuntado-- señalando que desde el sindicato siempre han estado "dispuestos a dialogar" y que el "responsable" de que las partes no se hayan sentado es el Ayuntamiento. "Nosotros somos los primeros que queremos acabar con la huelga, *o es que a nosotros no nos molestan las basuras y los montones?", ha apostillado.

EL CONFLICTO DE LA BASURA

La convocatoria de esta huelga indefinida en el servicio de limpieza urbana de El Coronil responde a la anulación de una bolsa de empleo asociada a este servicio público prestado directamente desde el Consistorio. Guerrero afirma que la anulación de esta bolsa de empleo responde a la tasa cero de reposición de efectivos estipulada para las administraciones por los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tanto para 2012, como para 2013, así como por acuerdo propio del Ayuntamiento. Asimismo, el alcalde esgrime que hay fórmulas para redirigir las personas inscritas en esta bolsa de empleo hacia otros programas de la misma naturaleza.

Diego Cañamero, exalcalde de El Coronil y líder del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), organización que promueve la huelga, no comparte estos argumentos y alega que "el alcalde ha hecho 18 contratos en los últimos seis meses con fondos municipales y pretende cargarse una lista de 12 años de antigüedad, --en referencia a la bolsa de empleo--, para meter a los suyos". En paralelo, ambas partes se acusan mutuamente de impedir el cumplimiento efectivo de los servicios mínimos, porque también discrepan en la interpretación de los mismos.

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