El SAT reivindica para uso público las tierras que expropió la República

Es una propuesta de devolución de fincas que presentará a la Junta. Señalan que hay 18.000 hectáreas en Andalucía en la misma situación.

el 18 jul 2013 / 22:10 h.

Diego Cañamero, ayer ante el Palacio de Moratalla. Diego Cañamero, ayer ante el Palacio de Moratalla. Los responsables del Sindicato de Obreros del Campo (SOC) y del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) se dieron cita ayer jueves en el Palacio de la Moratalla, en Hornachuelos (Córdoba), para solicitar que los terrenos “vuelvan a manos públicas”, ya que fueron “expropiadas durante el Gobierno de la República”, a lo que ha añadido que “en Andalucía hay 18.000 hectáreas en la misma situación”, afirmaron. La reivindicación se hizo coincidir expresamente con la fecha del 18 de julio, día en que la expropiación del citado palacio tuvo lugar, y según la Guardia Civil de Córdoba el acto se desarrolló con total normalidad, “con un dispositivo policial habitual para estos casos” y sin incidentes. La acción se corresponde con al elaboración de un Proyecto de Ley de Recuperación de los Bienes y Derechos Públicos Agrarios de la Segunda República Española en Andalucía. Según dicho texto, la reivindicación “se plantea como un proceso de dignificación y de recuperación de uno de los más brillantes periodos en materia social de nuestra historia reciente”. Con una prolija introducción histórica en la que se desgrana el proceso de expropiación que abarcó varias décadas, el texto subraya que “la legislación franquista se constituyó en una confiscación de bienes públicos a favor de una minoría. Las retrocesiones de fincas, comenzaron a medida de que el ejército franquista comenzaba a ocupar territorios, convirtiéndose en la mayoría de los casos en una simple ocupación manu militari por sus antiguos dueños, sin que mediara ningún proceso legal, ni control alguno del Estado, ejerciéndose una enorme represión sobre los colonos que habían sido instalados en virtud de las leyes de la Segunda República, a los que se les denomino como cultivadores arbitrarios, siendo considerados directamente como enemigos del Movimiento Nacional como castigo por haberse atrevido a cuestionar el orden establecido”, afirma. Es por ello que la Ley propone una reparación de aquellos atropellos, aunque matiza que “solo se aplicará a las expropiaciones de fincas rústicas llevadas a cabo en el periodo que abarca desde el 1 de abril de 1931 al 18 de julio de 1939, durante la Guerra Civil se impulsó y continuó con el proceso reformista”, al tiempo que denuncia “el olvido que durante la Transición quedó sumida la labor reformadora llevada a cabo durante la Segunda República”.

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