El cambio inicial del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para recalificar la antigua fábrica de Altadis no se aprobará hoy en el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo como estaba previsto ante los reparos puestos por el secretario municipal. Así lo decidió el Gobierno local «en pro de una máxima transparencia», y ayer, PSOE e IU también pidieron la retirada de otro punto del orden del día; el referente al convenio con Puerto Triana (La Caixa) para hacer el nuevo puente en Cartuja para tráfico rodado en vez de la pasarela peatonal prevista y la reurbanización de los alrededores de la torre Pelli para que las obras se agilicen y los edificios pódium y el rascacielos estén abiertos a finales de 2015 (la obra de la torre debe acabar en diciembre de este año). Si se retira ya sería la segunda vez, puesto que a finales de junio se eliminó por falta de documentación. El motivo de la petición de esta retirada no es otro que el informe del secretario de la Gerencia, Luis Enrique Flores, que reitera esta vez por escrito que no consta en el expediente «más que un informe sobre el procedimiento de tramitación de la adenda, sin que haya un análisis de las determinaciones de fondo». «En consecuencia prosigue se considera que debería acreditarse que los negocios jurídicos que se contienen en la adenda son negocios excluidos de la Ley de Contratos y, por tanto, no es necesaria su licitación». Es decir, que se debe justificar que las obras de reurbanización de calles que hará Puerto Triana no es necesario que salgan a concurso público. Además, añade que la adenda está suscrita «únicamente por dos de los firmantes del primitivo convenio» y que debería justificarse que la no participación de uno de ellos «no afecta a la validez del negocio jurídico», en alusión a Agesa, la sociedad pública que gestiona los activos de la Expo92. El Ayuntamiento, en respuesta, defendió ayer que el convenio fue firmado en su día por el secretario y, por tanto, tiene su conformidad, que sólo ha pedido más documentación y que Agesa no tiene intervención con derecho u obligaciones en este convenio por lo que no es precisa su firma. «Es un convenio análogo al que facilitó la construcción de la pasarela peatonal de Abengoa, no es nuevo este tipo de acuerdos», subrayaron. Sin embargo, el portavoz adjunto socialista, Antonio Muñoz, indicó ayer a Europa Press que se trata de un «nuevo ejemplo de inseguridad jurídica» ante las «sorpresas que da cada día» el Gobierno local, mencionando «un nuevo desaguisado en torno al pretendido puente de la Cartuja y la modificación del convenio con Puerto Triana y Agesa de 2005». Así, detalló que el gobierno pretende que los 4,8 millones que dio Puerto Triana «en vez de a obras de urbanización se usen para el puente». «Esto es un ejemplo más del desastre de gestión en materia urbanística que se traduce en altas dosis de inseguridad al inversor», incidió Muñoz, que criticó «las prisas y el nerviosismo de Zoido ante las elecciones». IU, que también pidió la retirada de este punto hasta que no estén solventadas todas las dudas jurídicas que el propio informe del secretario pone de manifiesto, coincidió con el PSOEen que hace «objeciones relevantes». El coordinador municipal de IU, José Manuel García, aseguró que ya «llueve sobre mojado», en alusión a la retirada del expediente de Altadis, y tildó de «chapuza» la tramitación urbanística de estos proyectos. «Zoido se vanagloria de respetar la legalidad y la labor de los funcionarios pero nos parece muy grave que haya un posible incumplimiento de la ley de contratos. ¿Por qué se adjudican las obras sin concurso?», preguntó. De 2005. El 16 de marzo de 2005, el Ayuntamiento de Sevilla y la empresa Puerto Triana firmaron un convenio urbanístico para la financiación y ejecución de las obras de reurbanización del entorno de la torre Pelli y sus edificios pódium. 44,8 millones. En dicho convenio se incluía el pago, por parte de la empresa (ahora de Caixabank), de 4,8 millones de euros más IVA que ya se abonaron para estas obras y una pasarela peatonal. Dado que el Gobierno de Zoido quiere convertirlo en un puente para tráfico rodado, el consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo de finales de junio ya tuvo en su orden del día aprobar esta adenda a ese convenio para modificar el puente y destinar a él el dinero, así como para repartir de nuevo las obras de reurbanización y agilizarlas, puesto que Caixabank quiere que estén acabadas a finales de 2015, por eso incluso se compromete a pagar y ejecutar la obra en ciertas zonas del complejo. Sin embargo, el secretario ya puso pegas, esta vez verbalmente, y la Gerencia retiró este punto del orden del día por, según dijo, por falta de documentación. Sin embargo, hoy vuelve a incluirlo, según la oposición, sin ningún tipo de corrección o modificación. 411,3 millones. Es el coste estimado del nuevo puente. El convenio especifica que el Ayuntamiento tiene como objetivo que la tramitación de la construcción del puente acabe en 2017. Según los plazos no habrá ni anteproyecto en este mandato y para el proyecto se dan un plazo de dos años desde que se resuelva el concurso de ideas. Sin embargo, el alcalde dijo que se puede construir «en un tiempo récord», pese a que requiere el sí de la Junta, y no lo tiene.