La reforma laboral superó ayer en el Senado su penúltimo trámite parlamentario, donde ciertos aspectos del texto se han endurecido con las enmiendas introducidas, la mayoría a propuesta del PSOE, si bien PNV y BNG también lograron sacar adelante cuatro que no contaban con el apoyo de los socialistas.
El proyecto de ley enmendado volverá al Congreso el 9 de septiembre, donde previsiblemente se aprobará de forma definitiva, tras darle ayer luz verde la Comisión de Trabajo del Senado con los votos a favor del PSOE, Entesa Catalana de Progrés y el Grupo Mixto, las abstenciones de CiU y Senadores Nacionalistas (PNV y BNG), y la oposición del PP.
El Congreso tendrá que decidir si mantiene o no los cambios introducidos en el Senado.
Previamente todos los grupos habían rechazado los dos vetos presentados por ERC e ICV, que al estar incluidos en Entesa no pudieron mostrar su desacuerdo con el proyecto de ley.
En un trámite menos accidentado que el del Congreso, donde hasta el último minuto se negociaron enmiendas y adhesiones al texto, el PSOE traía prácticamente cerradas a la Cámara Alta tres enmiendas transaccionales pactadas con todos los grupos, entre las que destaca la rebaja de 100 a 30 días del plazo para que los parados puedan rechazar los cursos de formación sin ser sancionados.
Incluso el PP se sumó a esta iniciativa por considerar que sirve para controlar el fraude en las prestaciones del paro, pero lo hizo a cambio de que el texto incluyera el matiz de que la formación se adecúe al perfil profesional de los desempleados. Con esa precisión, se limitan los cursos y los itinerarios a las actividades que se correspondan con la profesión habitual de los desempleados o con sus aptitudes formativas, según lo determinado en el itinerario de inserción.
Asimismo, el PP apoyó una enmienda del PNV que restringe la conversión en trabajadores fijos solamente a aquellos temporales que hayan realizado "idéntica actividad y en el mismo puesto" con contratos encadenados durante tres años, ampliables a otro más. Esto empeora las condiciones del trabajador, que antes sólo tenía que estar en la misma empresa durante ese periodo.
En contra de lo ocurrido en el trámite del Congreso, las razones del despido objetivo indemnizado con 20 días no se debatieron, ante la negativa del PSOE de pactar con CiU un cambio en las causas económicas con el que los catalanes pretendían precisar el texto.
Lo único que consiguió CiU fue una "corrección lingüística", aceptada por el letrado de la Comisión, por la que se cambió una coma por un punto y coma, que -a juicio del senador de ese grupo Jordi Casas- "facilita" a los empresarios el despido por esta causa y a los jueces su interpretación.
De esta forma, el texto ahora dice que concurren causas económicas para el despido cuando "de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas; o la disminución persistente de su nivel de ingresos".
Frente a estas medidas, el BNG consiguió introducir, con el apoyo del PP y la oposición del PSOE, una mejora para que en caso de desempleo parcial, la prestación a cobrar se calcule por horas y no por días, de forma que el porcentaje consumido de la prestación sea equivalente al de reducción de jornada.
El PSOE logró aprobar todas sus enmiendas así como las transaccionales propuestas a los demás grupos, lo que satisfizo a la socialista Matilde Fernández.
"A la izquierda no nos suelen gustar las reformas laborales por ley, preferimos buscar el acuerdo de empresarios y sindicatos", dijo la senadora, quien lamentó "la mala pata" en la interlocución con una patronal "que no estaba por el interés general de los empresarios ni de la sociedad", sino por las cuentas de las empresas del presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.
Asimismo sentenció que esta reforma "puede servir un poquito a los trabajadores, un poco a las empresas y, en general, un poco a la economía".
Por su parte, CCOO y UGT acusaron al Gobierno de haber negociado con los grupos más conservadores del Senado unas enmiendas que "amplían el poder empresarial en detrimento de los derechos de los trabajadores", que se ven todavía más mermados con el abaratamiento y la agilización de los despidos.
Para el PP el trámite en el Senado ha sido una nueva oportunidad perdida para pymes y autónomos, para los que no logró recuperar la prestación de 426 euros, que previamente había sido retirada en el Congreso a iniciativa del PSOE.
