Alfonso Ruiz-Mateos, sexto hijo del dueño de Rumasa imputado en el caso de los ERE, se ha acogido hoy a su derecho a no declarar y ni el fiscal ni ninguna acusación han pedido fianza para él.
La juez instructora, Mercedes Alaya, le ha imputado presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias por las ayudas de la Junta a Dhul y a tres bodegas del grupo.
Alfonso Ruiz-Mateos es el sexto hijo del empresario que comparece por las ayudas a cinco empresas del grupo Rumasa en Andalucía en las que medió el "conseguidor" Juan Lanzas.
A diferencia de sus cinco hermanos, quienes sí que declararon y aseguraron que su padre era quien tomaba las decisiones empresariales, Alfonso se ha acogido a su derecho a no declarar y su comparecencia se ha prolongado apenas media hora, aunque ha anunciado que pedirá comparecer de nuevo cuando conozca los hechos que se le imputan.
Las acusaciones tampoco han pedido fianza de responsabilidad civil para él, por oposición a restantes hermanos, en especial Zoilo y José María, para quienes la Junta de Andalucía solicitó fianzas de 8 y 6,4 millones de euros, sobre las que Alaya aún no se ha pronunciado.
Según los hechos que la juez ha imputado a Alfonso Ruiz-Mateos, Dhul necesitaba unos fondos adicionales de más de dos millones de euros y, ante un primer fracaso de ampliar la póliza, suscribió un préstamo con Caja Rural de Granada para financiar el supuesto sobrecoste del plan de prejubilaciones.
Para allegar fondos con los que abonar dicho préstamo, se concertó un contrato de seguros que era en realidad "un instrumento de transferencia de fondos realizado bajo la apariencia de un seguro".
La juez mantiene que Rumasa pagó a Lanzas 600.000 euros por cada uno de los cinco ERE del grupo en los que intervino, en dinero B y billetes de 500 euros, afirmación que los Ruiz-Mateos atribuyen a la enemistad de Joaquín Yvancos, un exabogado de la familia.
Hoy también estaba convocado como imputado Francisco Fernández Sevilla, ex secretario general de UGT-A, quien no ha comparecido pues no había sido citado en su domicilio, según ha informado a Efe su abogado, Miguel García Diéguez.
En la misma situación se encuentra Blanca Uruñuela, también sindicalista de UGT imputada por el ERE Altadis.
Por este mismo ERE está citado mañana como imputado Francisco Figueroa, secretario de Acción Sindical de CCOO en Sevilla, quien tampoco ha recibido ninguna convocatoria, según han informado a Efe fuentes del caso.
La juez Alaya, que en los últimos meses ha anunciado la inminente finalización de la instrucción, ha tomado hoy también declaración a dos personas que intervinieron en las ayudas para poner fin a una huelga de la limpieza pública de Granada en 2004.
Se trata de Álvaro Mollinedo, responsables de Relaciones Laborales en la empresa FCC-Andalucía, única persona que ha declarado para explicar sus funciones y para quien la Fiscalía ha pedido una fianza civil de 743.000 euros y la responsabilidad subsidiaria de FCC.
En cuanto a Juana Mancilla, acusada de "participar activamente en facilitar los pagos realizados por la dirección general de Trabajo" para el fin de dicha huelga, también se ha acogido a su derecho a no declarar y las acusaciones han pedido para ella una fianza de 130.000 euros.
