Un garage sale es una costumbre norteamericana muy arraigada, que consiste en la venta informal por un vecino, en la puerta de su cochera, de los trastos que le sobran. Una venta sin licencias administrativas o impuestos que sirve, normalmente a alguien que cambia de ciudad de residencia, para desembarazarse de los viejos juguetes, libros, electrodomésticos, muebles o herramientas del jardín. Una subasta que se suele anunciar en la televisión local y en los escaparates de los comercios más cercanos.
Una iniciativa que ha inspirado al gobernador del Estado de California, el conocido actor Arnold Schwarzenegger, para enjugar el calamitoso estado de las arcas de su gobierno con la venta de objetos de propiedad pública. El Gobierno de California ha puesto a la venta, en portales de subastas de internet, en un programa que ha llamado garage sale, muebles de oficina, motos de la Policía, pianos, estanterías e incluso un sillón de dentista.
En Michigan, con dificultades similares, no se va a pagar durante seis días a sus funcionarios. En California se está liberando a presos con condenas leves, para reducir gastos. Se están cerrando servicios públicos durante periodos limitados de tiempo y se negocian reducciones salariales a los funcionarios. Tiempos difíciles que exigen cortar con las hemorragias presupuestarias, a pesar de contar con economías tan poderosas como la californiana, que es la primera en los Estados Unidos y la sexta del mundo.
Viendo estos ejemplos, me cuesta pensar, al margen de tan desesperadas iniciativas, que el debate en nuestro país sobre los efectos de la caída en la recaudación fiscal solo se ventile con recortes lineales de partidas presupuestarias y el aumento de los impuestos, por otra parte inevitables desde hace algún tiempo. Estamos siendo testigos de sofisticados diagnósticos y propuestas, sin reflexión sobre la oportunidad, naturaleza y conveniencia de muchas de las inercias del gasto público. A diferencia de una familia que reduce sus ingresos y cambia de hábitos, un silencio sepulcral se cierne sobre cómo gastan nuestras administraciones públicas.
Es normal que el presidente de la FEMP demande 500 mil millones de las antiguas pesetas al Gobierno de la nación para el 2010, pero no lo es tanto que no incluya en su demanda alguna autocrítica sobre las inoportunas inercias de muchos de sus representados. Además estamos padeciendo subidas desorbitadas de impuestos locales y sanciones inverosímiles con afán recaudatorio. Una sed financiera inmoderada de rígidas estructuras mal acostumbradas a los ingresos extraordinarios y sin un sentido sincero de su utilidad.
Incluso ya ha empezado a advertirse el coste creciente de decisiones irracionales de los últimos años, especialmente en el ámbito urbanístico. Este es un debate imprescindible que debe contar con algo más de audacia intelectual. Si no se consigue, al final sólo quedará la tentación desesperada de rebuscar, en ese almacén perdido del que nadie se acuerda, un sillón de dentista abandonado.
Abogado
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