Si en épocas de crecimiento económico se destinan en España 3.500 millones de euros de las arcas públicas para impulsar la contratación y en las de recesión el Estado tiene que abonar 6.000 millones en prestaciones por desempleo, algo falla en el sistema de incentivos.
Cándido Méndez, secretario general de UGT, insistió ayer en reclamar una "reorientación" de los incentivos. "Ésta sí es una reforma pendiente", dijo como contraposición a la del mercado de trabajo, e indicó que afectaría no sólo al Gobierno central, sino también a las comunidades autónomas por cuanto son las que gestionan las políticas activas de empleo. Así, el sindicalista urgió a que, en vez dedicar tantas partidas públicas a incentivos a la contratación, se destinen preferentemente a la formación.
Echó mano de los números para su argumento. En España hay medio centenar de modalidades de incentivos, la mayoría (68%) vinculada al empleo, mientras que en la Unión Europea se orientan preferentemente a formación y para reforzar los servicios públicos de empleo.
Méndez, asimismo, reclamó la necesidad de poner límites a la contratación temporal porque, a su juicio, es un elemento "inhibidor" de las inversiones en capital, nuevas tecnologías y formación y una de las causas, pues, de la baja productividad de la empresa española. La crisis económica, explicó, ha dado al traste con el acuerdo que, en 2006, sellaron los agentes sociales para reducir la precariedad en el empleo.
El líder de UGT, por otro lado, tildó de "falsedad absoluta" que la concertación sea un medio de pago del Gobierno a los agentes sociales, y la atribuyó a "unos pocos" que quieren "desacreditar" a los sindicatos.
