Cuando las autoridades sanitarias detectan alimentos que pueden suponer un daño para los consumidores tienen que poner en marcha los protocolos de actuación urgente para evitar riesgos para la salud. La decisión del Ministerio de Sanidad de prohibir el consumo de aceite de girasol por la localización de una partida de aceite con hidrocarburos procedente de Ucrania buscaba evitar que llegara a los consumidores, pero existen dudas razonables de que el procedimiento utilizado haya sido el idóneo. Es cierto que el Gobierno debe atenerse al protocolo que marca la Unión Europea cuando se produce una alerta sanitaria que afecta a varios países. Sin embargo, Francia, Italia o Reino Unido, importadores de aceite de girasol, no han prohibido el consumo, rebajando los niveles de alerta ante los consumidores y evitando alarmas innecesarias. En el caso español, es de agradecer que el ministro Bernat Soria haya trasladado a la opinión pública cuál es la situación real. Lo que no está claro es que la estrategia informativa haya sido la adecuada. En primer lugar, porque el Gobierno ha prohibido el consumo de aceite de girasol, afirmando al tiempo que no hay riesgo para la salud de los consumidores y manteniendo al público todo tipo de productos elaborados con aceite de girasol como galletas, conservas y derivados. En segundo lugar porque el ministerio decretó la alarma sin conocer todavía qué marcas estaban afectadas y sin localizar dónde estaban las partidas llegadas al Puerto de Barcelona. La trazabilidad del producto es esencial para localizar de inmediato su origen y su destino, algo que no se conocía, según reconoció el ministro, al decretar la prohibición. Sin duda ha pesado mucho en la prohibición el drama vivido con el benzopireno en el orujo y el aceite de colza. El Gobierno ha querido curarse en salud y ha preferido pasarse a quedarse corto -levantó la prohibición anoche de madrugada- pero ha perjudicado a productores, distribuidores y ha terminado por confundir a los consumidores.
