El socialista Juan Jesús García, nuevo alcalde de Aguadulce

Sucede a la también socialista Isabel Ortiz, que cesó en su cargo tras ser condenada por un delito urbanístico.

el 10 oct 2013 / 21:04 h.

El Ayuntamiento de Aguadulce (Sevilla) celebró el pasado martes un pleno extraordinario saldado con la proclamación del concejal socialista Juan Jesús García como nuevo alcalde gracias a la mayoría absoluta de la que goza el PSOE. Juan Jesús García sucede a la también socialista Isabel Ortiz, quien recientemente cesaba en el cargo y abandonaba su acta como consecuencia de la sentencia firme que le condena por un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación funcionarial urbanística. La sentencia, dictada en 2011 y ahora ratificada por la Audiencia Provincial, le condena a una pena de ocho años de inhabilitación y a una multa de 4.050 euros.   Jesús González Sánchez, portavoz municipal de IU-CA, ha informado a Europa Press de que fue el pasado martes cuando el Ayuntamiento celebró un pleno extraordinario con dos puntos en el orden del día; el desembarco de la persona que ocupa el acta vacante en el Grupo socialista al haber abandonado la alcaldesa la esfera municipal, y la investidura del nuevo alcalde.   Los socialistas, que gozan de mayoría absoluta, promovieron la candidatura del hasta ahora primer teniente de alcalde, Juan Jesús García Díaz, quien fue investido alcalde con los votos de su partido y ningún voto en contra, pues la oposición se habría abstenido en bloque.   De este modo se consuma el obligado relevo que afrontaba el Ayuntamiento de Aguadulce, a cuenta de la mencionada sentencia, toda vez que la alcaldesa ya había formalizado su cese en un breve pleno extraordinario celebrado hace pocos días. Este fallo judicial de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, en concreto, rechazaba el recurso de apelación de la alcaldesa y confirmaba plenamente la sentencia emitida en 2011 por el Juzgado de lo Penal número cuatro, condenándola a ocho años de inhabilitación y a una multa de 4.050 euros por un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación funcionarial urbanística.    

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