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El SPB reclama seis años de cárcel y 25 de inhabilitación para el exconcejal Francisco Fernández

el 24 ene 2012 / 21:40 h.

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El Sindicato Profesional de Bomberos (SPB) reclama para el exconcejal socialista del Ayuntamiento hispalense Francisco Fernández una pena global de seis años de prisión y 25 de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. El Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla ha resuelto incoar un procedimiento abreviado, esto es, procesar, a este exconcejal por un presunto delito de prevaricación a cuenta de la adquisición al grupo Iturri de materiales valorados por 644.485 euros mediante reconocimientos de crédito cuando él ostentaba el área de Gobernación en el Ayuntamiento de Sevilla.

José Carlos Morales, el abogado que representa al sindicato en su calidad de acusación particular, ha informado a Europa Press de que este mismo lunes ha entregado su escrito de acusación, en el que reclama para este exconcejal seis años de cárcel y 15 de inhabilitación por un presunto delito de malversación de caudales públicos, toda vez que a cuenta de un posible delito de prevaricación, reclama en nombre del sindicato un total de diez años de inhabilitación. "Por la cuantía de las penas y los tipos delictivos", el sindicato propone que el caso sea juzgado por la Audiencia Provincial.

DENUNCIA DE LA FISCALIA

La causa judicial deriva de la denuncia promovida en su momento por la Fiscalía ante el reconocimiento extrajudicial de crédito mediante el que el Consistorio adquirió, al Grupo Iturri, diversos materiales y equipamientos con destino al cuerpo de bomberos y por valor de 644.485 euros. La adquisición de los equipos, según la denuncia del Ministerio Público, no se atuvo "en absoluto" a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por lo que la Fiscalía atisbaba la comisión de un posible delito de prevaricación.

En su denuncia, recogida por Europa Press, la Fiscalía rememoraba que antes del 15 de mayo de 2007, el Ayuntamiento hispalense adquirió diversos materiales y equipamientos para ocho vehículos adscritos al servicio municipal de Salvamento Prevención y Extinción de Incendios merced a los designios del jefe de dicho servicio por aquel entonces.

 

LAS CONTRATACIONES CON ITURRI

La citada denuncia insiste en que para la contratación de estos equipamientos al Grupo Iturri "no existió resolución previa del Ayuntamiento ni se realizaron pliegos de condiciones, ni se ofertaron públicamente ni se solicitó presupuestos a otras empresas que podrían haber tenido voluntad de competir para ser las proveedoras", toda vez que un informe posterior de la Intervención General del Ayuntamiento ponía de relieve "posibles irregularidades" en esta contratación dada la "absoluta inobservancia de las formalidades" obligadas en las contrataciones de esta naturaleza. El Sindicato Profesional de Bomberos (SPB), como se recordará, fue la organización que elevó los hechos en cuestión a la Fiscalía.

La Intervención General del Ayuntamiento, de cualquier modo, señalaba en uno de sus informes que "el reconocimiento extrajudicial de créditos no supone una convalidación de los vicios que, en origen, tuvo el procedimiento de gasto", porque "un informe favorable sólo supone que queda acreditado, mediante documentación suficiente, el enriquecimiento injusto por parte del Ayuntamiento al aprovecharse de una obra, servicio o suministro sin que se realizara la debida contraprestación".

LA EXCULPACION DE NIEVES HERNANDEZ

En estas diligencias también figuró como imputada la también exconcejal socialista Nieves Hernández, quien fue exculpada tras haber prestado declaración ante el juez el pasado 5 de septiembre. Ese mismo día, Francisco Fernández declaraba también como imputado y defendía que las contrataciones respondieron a un intento de resolver una "situación de emergencia" ante la necesidad de que el servicio municipal de Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios contase con los equipos adquiridos.

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