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El ‘sudoku’ de Tablada

Tablada empieza a asemejarse a un sudoku urbanístico. Una extensión en litigio de 360 hectáreas que fue vendida por el Ministerio de Defensa en 1997 por 30 millones de euros aEl Monte y San Fernando, y que luego éstas revendieron por 85 millones.

el 14 nov 2009 / 21:37 h.

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Vista de la dehesa de Tablada desde San Juan de Aznalfarache.

Más que una dehesa, Tablada empieza a asemejarse a un sudoku urbanístico, un jeroglífico enrevesado en el que participan multitud de actores y en el que se entremezclan pleitos, intereses, compras, valores reales, expectativas de negocio e intereses públicos y privados que terminan generando una extraordinaria confusión en torno a la mayor bolsa de suelo verde de la corona de Sevilla. Una extensión en litigio de 360 hectáreas que fue vendida en subasta por el Ministerio de Defensa en 1997 por 30 millones de euros a las dos cajas de ahorro de la ciudad, El Monte y San Fernando, y que luego éstas revendieron por 85 millones a un consorcio de empresas constructoras.

Desde el 29 de octubre, el Ayuntamiento de Sevilla respira un poco mejor. Un fallo de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía firmado por los magistrados Antonio Morente Andrade, Eduardo Herrero Casanova y José Santos Gomez desestimaba ese día el recurso presentado por los dueños del terreno (agrupados en Tablada Híspalis) para que se anulara el nuevo PGOU de Sevilla o que se considerara Tablada como un sistema general susceptible de urbanizarse.

Dicho más claramente: para que se pudieran construir viviendas o, en su defecto, para que la futura valoración del suelo como sistema general permitiera una tasación mayor en el caso de una hipotética expropiación.

Pues bien, ni lo uno ni lo otro. La sentencia rechaza los argumentos esgrimidos por las empresas, refrenda el derecho de la Administración a ejercer sus potestades de planeamiento y considera justificadas las razones que ofrece en la memoria del Plan General para el mantenimiento de la calificación de suelo no urbanizable para los terrenos de la dehesa.

La importancia del fallo, contra el que cabe recurso de casación en el Supremo, se entiende por sí sola. Después de los dos autos emitidos también por el TSJA en los que se rechazaba el expediente de delimitación de suelos para la expropiación de los terrenos por considerarlos poco fundamentados, el Ayuntamiento encuentra por fin un asidero que le carga de munición a la hora de litigar con los propietarios.

Aún no se puede expropiar, pero si se consigue, la valoración se hará conforme a sus usos actuales: rústicos e inundables. La diferencia económica es definitoria de lo que está en juego: las empresas reclamaban una indemnización de 210 millones más intereses por la expropiación de los terrenos. El ayuntamiento sólo ofertaba siete. La tasación ahora será algo mayor que la ofrecida por los munícipes, pero por supuesto que no se acercará ni de lejos a lo que reclaman las constructoras, una cifra que, en vista de lo fallado en órgano judicial, puede resultar ya hasta disparatada.

El alcalde se encuentra, ahora sí, con el aval del Alto Tribunal Andaluz para iniciar un nuevo expediente de expropiación de los terrenos, lo que, por cierto, no deja de ser paradójico, pues de modo muy reciente Alfredo Sánchez Monteseirín auspició un cambio en la estrategia mantenida los últimos seis años y anunció que estaba dispuesto a negociar una solución pactada con los propietarios del suelos para poner en marcha la construcción del parque periurbano. Lo dijo en este mismo periódico en una entrevista concedida en la primera semana de agosto. Sólo tres meses después, la sentencia del TSJA demuestra que se precipitó en su decisión. O que no tuvo en cuenta lo que podía ocurrir, algo que no se explica bien.

Ahora se hace menos necesaria la negociación de una expropiación pactada. O al menos cambia el punto de partida. A diferencia de los dos intentos fracasados de delimitación de los suelos para la expropiación, ahora cuenta con el refrendo de esta sentencia del TSJA y además puede utilizar en su defensa las calificaciones del Plan General de Ordenación Urbana, del Plan Metropolitano (el Potaus) y de la nueva ley del suelo, que obliga a tasar los terrenos por su valor real y no por las expectativas que pudieran calcularse.

En realidad, la decisión de iniciar un nuevo expediente de expropiación será ahora una medida que atenderá más a cálculos electorales que a otra cuestión. De momento el dinero consignado en los presupuestos para éste (siete millones) ha sido liberado y se dedicará a otras necesidades más perentorias. Pero hay que contar también con la administración de los tiempos, que pueden ser un factor de presión en las conversaciones que se susciten con los propietarios para llegar a un hipotético pacto sobre el justiprecio que evitaría que fuera un juez el que fijase la cantidad definitiva destinada a los dueños actuales del suelo.

¿Interesa ahora seguir embrollándose con esta historia o es mejor esperar a que el recurso de casación que presumiblemente emprenderán los propietarios se resuelva en el Supremo? ¿Quién puede tener más prisa porque se llegue a un acuerdo? ¿Monteseirin o las empresas?

Ahora parece que los segundos. El alcalde puede esperar a que se deshaga la madeja judicial y sabe que la defensa de sus tesis está mucho más consolidada. Ya no necesita ofrecer otros suelos a las empresas, lo que, de paso, descarta más fricciones con su socio de Izquierda Unida, que siempre vio en esta idea, y también en otras como la de desecar la dehesa y reconvertirla en una marisma, una puerta abierta de modo sospechoso y arbitrario para que se le permitiese a estas empresas desarrollar operaciones especulativas en otras áreas de la ciudad.

¿Y las empresas? Pues se les cierra el círculo. Su estrategia jurídica se tuerce y se pueden ver obligados a negociar a la baja, a una baja que puede ser temeraria para sus balances contables, pues se trataría de una pérdida muy estimable de dinero sobre lo ya invertido.

En este contexto, y a la espera también de la resolución de un litigio que podría declarar incluso la nulidad de la subasta de 1997, un tercer intento de expropiación queda ya supeditado al interés real que tengan los socios de gobierno de Sevilla en seguir moviendo este asunto y mantenerlo en la primera línea del interés público.

Tienen dos opciones: dejarlo en hibernación a la espera de que el asunto macere en los tribunales hasta que esté despejado o bien activarlo de nuevo, lo que tampoco les vendría mal, dada la necesidad que tienen ambos de recuperar crédito en la ciudadanía tras los errores de gestión y las irregularidades que están lastrando su imagen pública. Una Tablada verde y pública fue el ‘mantra' político que enarbolaron tanto PSOE como IU para firmar y luego reeditar su acuerdo de gobierno en Sevilla. Ahora tienen la oportunidad de convertirlo en realidad. Ya no hay excusas.

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