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Economía

El sueldo de los funcionarios bajará entre un 0,56% y un 7%

El Gobierno recorta en medio punto, al 1,3%, el crecimiento previsto para 2011

el 20 may 2010 / 19:41 h.

Las vicepresidentas primera y segunda del Gobierno, ayer, durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Consejo de Ministros aprobó ayer, tal y como estaba previsto, el paquete de medidas encaminadas a acelerar la reducción del déficit público en los próximos dos años, un objetivo que se quiere conseguir -en función de las iniciativas presentadas hasta el momento- sólo por la vía del recorte del gasto público.

Funcionarios y pensionistas asumirán ese esfuerzo en buena medida. Los trabajadores públicos lo harán a través de un recorte salarial que oscilará entre el 0,56% de quienes menos cobran (los incluidos en el grupo E), hasta el 7% de quienes pertenecen al grupo A1.

Una tijera que se aplicará a partir de la nómina de junio, aunque, eso sí, la paga extra de ese mes no se tocará puesto que ya está prácticamente devengada, precisó la vicepresidenta económica, Elena Salgado.

En medio, los trabajadores del grupo A2 verán mermar su sueldo un 5,75%, mientras que los del grupo C1 experimentarán una rebaja del 4,5%, porcentaje que se sitúa en el 2,75% para los del C2.

Asimismo, dentro de la Administración General del Estado tanto los complementos específicos como el de destino se reducirán en un 5%, menos en el caso del grupo E, para el que bajará sólo el 1%.

Para el personal laboral, la rebaja media de su retribución será del 5%, pero tendrá que negociarse su progresividad para los diferentes niveles salariales, dado que estos empleados tienen sus propios convenios colectivos. Sin embargo, quedarán al margen de cualquier recorte aquellos trabajadores que cobren menos de 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional, esto es, que ingresen 949,5 euros brutos al mes.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que acompañó a Salgado en la presentación de los detalles, insistió en pedir la "comprensión" de los ciudadanos ante unas medidas que tildó de "imprescindibles y necesarias" que ni han sido fáciles de tomar, ni lo serán de aceptar, admitió.

Pero ambas quisieron enfatizar el mensaje de que son medidas progresivas en función de los ingresos, y en ese contexto reseñaron que los altos cargos del Gobierno -léase el presidente del Ejecutivo, vicepresidentes y ministros- cobrarán un 15% menos, mientras que la retribución de los secretarios de Estado será el 10% inferior, con una rebaja del 9% para los subsecretarios y del 8% en el caso de los directores generales. El resto de órganos del Consejo de Estado y de la Administración de Justicia cobrarán entre un 7% y un 8% menos.

En el caso de los empleados de comunidades autónomas y ayuntamientos, se bajará el 2% el salario base, mientras que tendrán potestad para decidir si aplican el otro 3% sobre las retribuciones complementarias.

Según dijo Salgado, el ahorro que las entidades locales consigan con la reducción del gasto de personal se tendrá que utilizar para sanear las cuentas, reducir el endeudamiento o financiar inversiones. Asimismo, se orquestarán medidas de control de su situación financiera.

Esta bajada de sueldo, que afecta a funcionarios, personal laboral y estatutario de las tres administraciones incluyendo los directores de las empresas públicas, repercutirá sobre el salario base y los trienios para el segundo semestre. Así el Gobierno pretende lograr un ahorro de 2.300 millones este año, a los que sumar otros 2.200 millones en 2011, ejercicio para el que se congelarán los salarios públicos.

De hecho, con esos 4.500 millones, los funcionarios aportarán el 30% del ahorro total previsto en los dos próximos años, que se eleva hasta los 15.250 millones (de los que 5.250 millones se pretenden retener este año y los 10.000 restantes, en 2011).

Además, los pensionistas, que verán cómo en 2011 no se revalorizarán sus pensiones, lo que generará que el Estado se reserve otros 1.530 millones. Una congelación que no afectará a los 3,5 millones (el 35% del colectivo pensionista) que reciben pensiones mínimas y no contributivas.

Sin embargo, Elena Salgado sí aclaró que todas las pensiones se actualizarán este año conforme al IPC de noviembre, con lo que en enero recibirán una paga si los precios crecen más del 2%.

Suprimir el cheque bebé se traducirá en un ahorro de 1.250 millones, mientras que eliminar la retroactividad de la dependencia generará 300 millones este año, al tiempo que se amplía el recorte en ayudas al desarrollo de los 600 millones anunciados hasta los 800. Junto a ello, se rebaja la tijera en la partida de inversiones. Así, los 6.000 millones inicialmente estimados se reducen a 3.870 millones. Los cambios en la jubilación anticipada supondrán 250 millones este año y 150 en 2011, y en gasto sanitario se detraerán 275 millones en 2010 y 1.025 el año que viene.

El plan de ajuste lastrará la recuperación, ya que ha provocado una fuerte rebaja en la previsión oficial de crecimiento para 2011, de cinco décimas, hasta el 1,3%, si bien mantiene la contracción del 0,3% para este año.

El alza de tributos a los más ricos no se concreta 

La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, aseguró ayer que "no hay una propuesta concreta" para subir los impuestos a las rentas más altas, y que la medida correspondiente se anunciará en el "momento oportuno". Así lo puso de manifiesto Salgado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que adelantó que la aplicación de esta medida no es inminente, tras el anuncio realizado por Zapatero la víspera.

La vicepresidenta añadió que una "constante" en la política del Gobierno es introducir una cierta progresividad en medidas como las aprobadas. El que "más tiene y está en mejor situación, debe aportar más que quien está en peor situación. Eso es una constante del Gobierno y lo va a seguir siendo", subrayó Salgado.

Las vicepresidentas salieron así del paso de la noticia adelantada por la Cadena SER en la que aseguraba que el Gobierno aprobará en un plazo máximo de dos semanas un impuesto extraordinario para las personas cuyos ingresos, ahorros, acciones y propiedades superen ampliamente el millón de euros. 

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