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El Sumario de "Astapa" cita casos de comisiones exigidas para otorgar licencias

En las conclusiones policiales se asegura que esta situación "representaría un problema a la hora de introducir ese dinero en el circuito legal".

el 05 oct 2009 / 09:11 h.

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El sumario del "caso Astapa" que investiga la presunta corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) recoge ejemplos de comisiones exigidas por miembros de la Corporación "como condición para impulsar un expediente urbanístico o conceder licencias de diversa índole".

 

Este dinero, como consecuencia de su procedencia ilegal, escapa de posibles fiscalizaciones y, por tanto, es entregado en efectivo, según mantiene la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía en un informe contenido en el sumario, al que ha tenido acceso Efe.

En las conclusiones policiales se asegura que esta situación "representaría un problema a la hora de introducir ese dinero en el circuito legal".

Éste es el caso de la ex concejala de Playas y actual edil no adscrita, Marisa Rodríguez-Pino, quien en conversación con Juan Simón, primo hermano del ex Jefe del Gabinete de Alcaldía, "hace extensiva su inquietud" sobre el modo de ingresar "una cantidad de dinero que guarda en casa, procedente del empresario, y que como otras veces irá ingresando poco a poco en el banco".

Este uso y adquisición de dinero en efectivo de procedencia irregular es connatural a las altas esferas del Ayuntamiento, si bien "activamente o pasivamente muchos empleados menores son partícipes de él", señala la Policía.

Tal sería el caso del arquitecto municipal Arturo Cebrián, quien se ha mostrado "especialmente prolífico en este sentido", o el secretario del Ayuntamiento José Gustavo Rubio, quien desde su posición de fedatario local habría obtenido un lucro inmobiliario por la simple emisión de un informe favorable a favor de una promotora, según el informe.

La instrucción del sumario del "Caso Astapa" contra la corrupción se inició en junio de 2008 cuando fueron detenidas 25 personas, entre ellas el entonces alcalde socialista de Estepona, Antonio Barrientos, y hasta el momento se ha saldado con 63 imputados, todos ellos en libertad, 23 de ellos tras el pago de diversas fianzas

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