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El Supremo absuelve de cohecho y evita la cárcel para un juez que dejó libre a un narco

El Tribunal Supremo (TS) ha absuelto al juez de Málaga Antonio Vicente Fernández, que dejó en libertad a un presunto narcotraficante, de los delitos de cohecho por los que fue condenado a cuatro años de prisión. No obstante, ha confirmado la pena de diez años de inhabilitación y multa de 2.160 euros por dos delitos de prevaricación.

el 15 sep 2009 / 23:49 h.

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El Tribunal Supremo (TS) ha absuelto al juez de Málaga Antonio Vicente Fernández, que dejó en libertad a un presunto narcotraficante, de los delitos de cohecho por los que fue condenado a cuatro años de prisión. No obstante, ha confirmado la pena de diez años de inhabilitación y multa de 2.160 euros por dos delitos de prevaricación.

Así lo acordó la sala de lo penal del Alto Tribunal en una sentencia en la que estima parcialmente el recurso interpuesto por el ex titular del Juzgado de instrucción número 3 de Málaga contra la sentencia dictada en 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Según la sentencia del TSJA, el juez atravesaba una difícil situación económica, por lo que dictó resoluciones judiciales "insólitas y carentes de otra justificación que no fuera la de favorecer intereses privados".

Entre otros casos, en agosto de 2004 el magistrado puso en libertad a un narcotraficante y su mujer después de que el abogado de los encarcelados le ofreciera dinero a cambio de que se dictasen sentencias para salir de prisión y para que se autorizara la devolución de 141.545 euros intervenidos en un registro.

En otra ocasión anterior, en connivencia con un jugador de azar profesional y con su abogado, ordenó a un bingo de Fuengirola la devolución de un premio de 75.000 que no le había sido dado al ganador por presuntas irregularidades en la partida. El TSJA estimaba que el jugador formuló denuncia en el juzgado de guardia donde estaba el magistrado, con el que había convenido entregarle parte del premio.

Para el Supremo, los delitos de prevaricación están probados, pero con respecto a los hechos que el Tribunal califica como delito de cohecho, "la presunción de inocencia no resulta correctamente enervada". La sentencia del TS añade que de la situación económica del magistrado, "de aguda necesidad", no cabe inferir "la obtención de dinero en la forma típica del cohecho".

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