La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha anulado la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el conflicto laboral en Santa Bárbara Sistemas, en la que se daba la razón a la empresa, con factorías en Sevilla y Granada, sobre los motivos para presentar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), y ha ordenado dictar una nueva sentencia.
En un comunicado, el pleno de la Sala señala que ha estimado los recursos de UGT, CCOO y de CGT y respalda su legitimización en el proceso, por lo que anula la sentencia de la Audiencia, "que rechazó tal legitimación y dejó imprejuzgadas sus alegaciones y pretensiones".
De ese modo, se ordena reponer las actuaciones para que se dicte un nuevo procedimiento en el que se tomen en consideración las alegaciones y pruebas de estos sindicatos.
En su sentencia, la Audiencia Nacional negó la legitimación de UGT, CSIF y CCOO, dado que estimó que solo eran interesados pero que no tenían la de parte, al no haber formulado petición de condena. Este tribunal también declaró ajustada a derecho la extinción de los puestos de trabajo.
Así las cosas, el pronunciamiento de la Audiencia fue recurrido por quienes habían interpuesto la demanda y también por dos de los sindicatos (UGT y CCOO) cuya legitimación había sido denegada, que impugnaron esa falta de legitimación apreciada por la sentencia.
Ahora, la sentencia del Supremo estima que los sindicatos personados como demandados tenían "la condición de interesados y la legitimación para ser parte en el proceso y, por tanto, igualmente para interponer el presente recurso de casación".
Así, sin entrar en el resto de las cuestiones suscitadas en los recursos, estima los de UGT, CCOO y de CGT (que sostiene la legitimación de los otros dos), anula la sentencia y ordena reponer las actuaciones para que se dicte un nuevo procedimiento en el que se tomen en consideración las alegaciones y pruebas de estos sindicatos.
LOS DATOS ANDALUCES Cabe recordar que en la planta de Granada, con una plantilla inicial de 128 trabajadores, se planteó una necesidad de ajuste de 45, pero un total de 53 empleados se presentaron voluntarios mediante prejubilaciones o bajas incentivadas. Aunque eran más de las previstas, todas fueron aceptadas y, por tanto, no hubo adhesiones forzosas al ERE.
Por su parte, en la planta de Sevilla, con una plantilla inicial de 228 y una necesidad de ajustes de 74, los voluntarios fueron 62 y, los llamados forzosamente, un total de nueve.
