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El Supremo avala el referéndum sobre el PGOU de Almuñécar

El Tribunal Supremo ha declarado nulo el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se denegó al Ayuntamiento de Almuñécar (Granada) la autorización para la celebración de una consulta popular sobre la aprobación inicial del PGOU del municipio, y le reconoce el derecho a convocarla. El referéndum se producirá en los primeros meses de 2009.

el 15 sep 2009 / 16:27 h.

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El Tribunal Supremo ha declarado nulo el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se denegó al Ayuntamiento de Almuñécar (Granada) la autorización para la celebración de una consulta popular sobre la aprobación inicial del PGOU del municipio, y le reconoce el derecho a convocarla. El referéndum se producirá en los primeros meses de 2009 bajo la pregunta: ¿Respalda usted el acuerdo del Ayuntamiento pleno de fecha 17 de agosto de 2005, aprobando inicialmente el PGOU de Almuñécar?.

En el fallo, dado el miércoles a conocer en rueda de prensa, el Supremo estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto en su día por el Ayuntamiento y argumenta la declaración de nulidad del acuerdo del Consejo de Ministros del 1 de septiembre de 2006 en que no es "conforme a derecho".

Según el alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (CA), y el letrado que ha llevado el proceso, Antonio Tastet, la sentencia marca "un hito histórico" al tratarse de la primera dictada sobre una consulta popular relacionada con el urbanismo municipal, que sería además la primera en celebrarse en un municipio.

El Consejo de Ministros argumentó su negativa a la celebración del referéndum en que no concurría uno de los requisitos exigidos por el artículo 71 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local. En concreto, que el objeto de la consulta popular fuera un asunto de la competencia propia municipal, toda vez que por ser el PGOU un instrumento de planeamiento, la competencia para su formulación y aprobación correspondería a los ayuntamientos y a la administración autonómica.

El Supremo precisa que la aprobación inicial del PGOU es una competencia propia municipal y reconoce al Ayuntamiento el derecho a convocar la consulta popular sobre este asunto.

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