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El Supremo condena a Monteseirín a 300 euros de multa por vulnerar la Ley Electoral

La sentencia ratifica que el alcalde de Sevilla utilizó la revista 'e-Sevilla' para hacer referencia a los proyectos ejecutados por su Corporación tres días antes de las elecciones al Congreso y al Senado.

el 23 nov 2009 / 16:22 h.

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La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del  Tribunal Supremo ha rechazado el recurso interpuesto por el alcalde  de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, contra el acuerdo adoptado  en julio de 2008 por la Junta Electoral Central (JEC) por el cual se  impuso al primer edil, en su condición de presidente de la Agrupación  de Interés Económico (AIE) del Consistorio hispalense, una sanción de  300 euros por utilizar la revista 'e-Sevilla', tres días antes de las  elecciones al Congreso y al Senado, para hacer referencia a los  proyectos ejecutados y futuros desarrollados por la Corporación.  

Según la sentencia, consultada por Europa Press, el acuerdo de 3  de julio de 2008 de la JEC recogía que el día 6 de marzo de 2008,  tres días antes de las elecciones al Congreso y al Senado, se publicó  con una tirada de 100.000 ejemplares el primer número de la referida  revista, editada conjuntamente por la AIE y el Colegio de  Administradores de Fincas de Sevilla, añadiendo que en su primera  página constaba un artículo del expedientado, con su fotografía, en  el que hace referencia tanto a los proyectos llevados a cabo por la  Corporación municipal como a aquellos que pretendía realizar en el  futuro. A continuación, y según la JEC, se dedicaban el resto de  páginas, con excepción de tres, a dar cuenta de las actividades de  distintas empresas municipales.  

En este sentido, la JEC razonó que los anteriores hechos  constituían las campañas institucionales prohibidas por el artículo  50.1 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg),  subrayando la Junta Electoral que lo pretendido por la nueva  redacción de ese precepto "fue acabar con una práctica llevada a cabo  por múltiples autoridades públicas, consistente en utilizar los  medios públicos de la institución u organismo al que pertenecían para  realizar una campaña sobre los logros obtenidos durante su mandato,  con la implícita inducción del voto a favor de la formación política  que realizaba la campaña y la consiguiente vulneración del principio  de igualdad entre los candidatos electorales".  

La sentencia del Supremo relata que la resolución de la JEC señaló  que, de los datos fácticos apreciados, se desprendía que el primer  edil, a través de la citada revista, "procedió en la primera página a  dar cuenta de los logros o realizaciones de la actual Corporación  municipal, así como a anunciar proyectos de futuro", añadiendo que  "se trataba de una campaña institucional que, no sólo no resultaba  imprescindible para la salvaguarda del interés público, sino que  además contiene de manera explícita alusiones a los logros obtenidos,  supuesto expresamente prohibido" en la Instrucción de 13 de  septiembre de 1999 sobre el objeto y los límites de las campañas  institucionales.  

Por su parte, en el recurso presentado por Sánchez Monteseirín se  pide la anulación de la sanción al argumentar "la falta de  competencia" de la Administración Electoral, pues "esta tiene  competencias sancionadoras sobre las campañas electorales pero no  sobre las campañas institucionales", aduciendo además "la  inexistencia de responsabilidad por ausencia de culpa, ya que  requiriendo las infracciones de la normativa electoral  intencionalidad o dolo, en este caso no existió esto último porque el  recurrente no intervino en la distribución de la revista y tampoco  dio instrucciones para que fuera difundida el fin de semana de las  elecciones generales y autonómicas".  

Una vez recordados los argumentos de las dos partes, la Sala  entiende que debe considerarse "acertada" la aquí "controvertida"  decisión de la JEC de apreciar en la conducta sancionada el  incumplimiento de la prohibición de no influir en la orientación de  los votos, y por ello la infracción electoral que define el artículo  153.1 de la Loreg, apoyando además la argumentación de la JEC en  cuanto a que "los poderes públicos son siempre ejercidos por las  personas físicas que ostentan su titularidad, y es a estas a las que  cabe exigir la responsabilidad y, en su caso, imponer las sanciones".  



Asimismo, el Supremo recuerda que la resolución sancionadora  expresa, como elemento probatorio de los hechos que aprecia como base  de la infracción sancionada, el reconocimiento que de la realidad de  la "indebida" distribución hizo el vicepresidente de la AIE, "por lo  que no puede compartirse que la sanción impuesta se haya apoyado en  meras conjeturas", agregando además que la demanda "no sólo no  desvirtúa válidamente esa prueba, sino que implícitamente viene a  admitir el incumplimiento imputado, pues así lo hace cuando afirma  que el reparto 'sustancial' de la revista se hizo con posterioridad a  las elecciones, lo que significa que una parte del mismo fue  anterior".  

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