Otro duro golpe a la izquierda radical vasca. Tal y como se esperaba el Tribunal Supremo (TS) acordó ayer ilegalizar al Partido Comunistas de las Tierras Vascas (PCTV), sólo dos días después de que el Alto Tribunal hiciese lo mismo con ANV. Ya sólo hay sitio para los partidos que acatan la Constitución.
La sala del 61 del Tribunal Supremo acordó ayer la ilegalización del PCTV al estimar las demandas presentadas por el Gobierno y por la Fiscalía, informaron fuentes del Alto Tribunal. La decisión fue adoptada por unanimidad tras una breve deliberación de pocas horas.
La Ley de Partidos establece que, tras la notificación de la sentencia en la que se acuerde la disolución de una formación, "procederá el cese inmediato de toda la actividad del partido político disuelto". Además señala que "la disolución determinará la apertura de un proceso de liquidación patrimonial, llevado a cabo por tres liquidadores designados por la sala sentenciadora" y que "el patrimonio neto resultante se destinará por el Tesoro a actividades de interés social o humanitario".
El PCTV fue inscrito en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior el 27 de septiembre de 2002, un mes después de que el Congreso de los Diputados instara la ilegalización de HB-EH-Batasuna. La Fiscalía y la Abogacía del Estado presentaron sus demandas de ilegalización del PCTV los pasados 29 y 30 de enero, respectivamente, por considerar que este partido ha sido "instrumentalizado" política y económicamente por la ilegalizada Batasuna.
Una semana más tarde, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó la suspensión de actividades del PCTV por tres años -también lo hizo de ANV- al determinar su vinculación con ETA-Batasuna. Ese mismo día, el 8 de febrero, el Supremo escuchaba las alegaciones de los representantes del PCTV contra esa misma medida cautelar, solicitada por la Fiscalía y el Gobierno en sus demandas de ilegalización, aunque el Alto Tribunal rechazó suspender su actividad. El 14 de abril el TS abrió el periodo de presentación de pruebas en el proceso de ilegalización tanto del PCTV como de ANV y las vistas se celebraron durante los meses de junio y julio.
Las alegaciones finales de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado tuvieron lugar los días 4 y 7 de agosto, respectivamente, y defendieron que las dos formaciones habían desarrollado una estrategia global de colaboración con la ya ilegalizada Batasuna, que incluye el apoyo a la violencia de ETA y la utilización de ambas por la banda armada.
La única representación institucional del PCTV son los nueve diputados obtenidos en las elecciones autonómicas del País Vasco del 17 de abril de 2005.
Satisfacción . Las reacciones a la decisión del Supremo no se hicieron esperar. El Gobierno expresó su satisfacción por que el alto tribunal le haya vuelto a dar la razón al ilegalizar al PCTV y por haber demostrado que "quien no acepta las reglas del juego ni la Constitución no puede estar en la vida política". "Éste es el camino de los que respaldan, justifican o no condenan la violencia", añadieron las mismas fuentes.
El portavoz de la ejecutiva del PSE-EE, Rodolfo Ares, comentó que la decisión del Supremo pone de manifiesto que "nadie puede pretender hacer política, organizado en un partido legal, para amparar y justificar la violencia terrorista".
Por su parte, el portavoz de Justicia del grupo popular en el Congreso, Federico Trillo, consideró de "excelente noticia para la democracia" la ilegalización del PCTV, aunque exigió que se depuren responsabilidades por no haberse actuado antes. Trillo, en declaraciones a Efe, señaló al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y anunció que el PP pedirá su comparecencia urgente en el Congreso para "dar cuenta de sus responsabilidades en toda las actuaciones" sobre la organización política de ETA. De forma similar a Trillo se pronunció el portavoz del PP vasco, Leopoldo Barreda, quien indicó que la noticia "contribuye a la libertad de todos".
Mucho más comedido se mostró el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, quien expresó su respeto a la sentencia y pidió a la izquierda abertzale que se "desvincule de la violencia si quiere actuar en política". Llamazares aclaró que IU "sigue mostrándose disconforme con la aplicación de la Ley de Partidos", en la que se basa las ilegalizaciones del PCTV y de ANV.
Mientras que Eusko Alkartasuna y Aralar rechazaron la decisión del Supremo por estimar que constituye "una auténtica aberración política" y que es "inconstitucional por conculcar los derechos humanos".
