Finalmente será el Tribunal Supremo el que decida si los funcionarios de Justicia tienen derecho a que la paga extra de Navidad de 2013 le sea devuelta de forma íntegra, como dictaminó un juzgado de Sevilla en noviembre a favor de uno de ellos. El Alto Tribunal ha admitido a trámite el recurso planteado por la Junta de Andalucía y ahora el sindicato CSIF se ha personado para pelear por lo que consideran un «derecho». Desde que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Sevilla dictara una sentencia en la que obligaba a devolver la paga extra a un funcionario, las reclamaciones de sus compañeros de Justicia en Sevilla no han dejado de llegar. Sólo más de 600 han sido presentadas por el CSIF, por lo que en total se han presentado casi un millar. Y aún no han recibido todas, ya que en Sevilla hay 1.800 funcionarios que tienen derecho a acogerse a ella. Para ello tienen ante sí un año, que se cumple en noviembre. El recurso ha recaído en la Sala Tercera de la Sección Séptima del Alto Tribunal que ha decidido admitir a trámite el recurso, tras lo que ha emplazado al CSIF, que fue el que promovió la primera denuncia, para que se persone, trámite que ya ha realizado. El recurso presentado por la Junta, como adelantó este periódico, se produce por «interés de ley». Es decir, la Junta ha alegado un interés superior como son los motivos presupuestarios por los que mantiene la supresión de parte de las pagas de este año, pese a que el Gobierno central sí las va a abonar. El Sector Justicia de CSIF Sevilla, cuya portavoz es Águila Fernández, criticó «la incongruente forma de repartir el interés» la Junta de Andalucía, que «tan pronto niega el abono de una paga extraordinaria» como «se reparten millones de euros en otras partidas que a juicio de este Sector no son necesarias y van contra el interés de tanto desempleado en nuestra comunidad». A la espera de lo que ocurra en el Supremo, el juzgado sevillano decidió no resolver las peticiones que les están llegando. «Toda vez que se han incoado piezas sobre extensión de efectos de dicha sentencia y a la vista de lo dispuesto por el artículo 110.6 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede suspender la decisión de tales incidentes hasta que se resuelva el citado recurso, sin perjuicio de su tramitación hasta que lleguen al mencionado estado procesal de decisión», recoge una providencia del juzgado. Lo que quiere decir que no se van a resolver las peticiones, aunque ello no impide que éstas se vayan tramitando a la espera de saber lo que estime oportuno el Supremo. Con este recurso, la Junta puede lograr paralizar el pago en caso de que el Alto Tribunal estime su recurso. Sin embargo, si la sentencia no es favorable, el resultado puede tener importantes consecuencias, pues al tratarse de la resolución de un órgano nacional, podrían solicitar la extensión de la sentencia todos los funcionarios de Justicia de España, según fuentes judiciales. Esto se debe que hasta ahora al ser un órgano sevillano el que ha dictado la sentencia, sólo podían solicitar la extensión los funcionarios de Justicia de Sevilla. Eso sí, el único que por ahora tiene asegurada la devolución de la paga, «pase lo que pase», es el «agraciado» funcionario que presentó la demanda en el Contencioso número 10, que en ese momento era secretario del juzgado de Paz de La Rinconada, aunque ahora está destinado al Decanato de Sevilla. De momento, ni siquiera él ha cobrado la paga. Siguiendo su estela, la avalancha de peticiones está siendo tan importante que el Contencioso se ha visto completamente desbordado, hasta el punto de que tuvo que solicitar un funcionario de refuerzo para poder tramitar todas las solicitudes que le están llegando desde noviembre hasta hoy. «Vamos a seguir presentando los escritos de extensión de efectos», afirmó el CSIF.
