La sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha archivado el procedimiento en el que se investigaba si la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, incurrió en asesoramiento ilegal durante una conversación telefónica que mantuvo con una abogada en abril de 2007 y que fue grabada por la Guardia Civil. Según el alto tribunal, los hechos no revisten carácter de delito, ya que la magistrada no comprometió su imparcialidad al dar consejo a la letrada sobre sus trámites de divorcio.
"No todo consejo emanado de una autoridad o funcionario público puede reputarse delictivo -señala el auto, que fue deliberado y votado a primera hora de la tarde de ayer-. Sólo aquel que compromete la imparcialidad, que menoscaba el deber de exclusividad o que provoca una interferencia entre los intereses privados y los de naturaleza pública, puede ser objeto de persecución penal". Ninguna de estos requisitos concurre en este caso, según el Supremo.
aclaración. Por su parte, el portavoz del PP en la Comisión Constitucional del Congreso, Federico Trillo, indicó ayer que el hecho de que el Tribunal Supremo no haya visto delito en las conversaciones de la presidenta del Tribunal Constitucional con una abogada "hace más necesario" que Emilia Casas explique esas circunstancias porque su credibilidad al frente de la institución "se ha visto afectada".
El dirigente del PP declaró a Europa Press, que, con independencia de la decisión del Tirbunal Supremo en materia penal, la posición institucional de María Emilia Casas es "insostenible" y debería dar explicaciones a sus compañeros del Tribunal Constitucional y ante la opinión pública sobre su conversación con una abogada.
