El Tribunal Supremo resolvió ayer el conflicto de jurisprudencia que enfrenta desde hace tres meses al Gobierno andaluz con la jueza Mercedes Alaya, que instruye el caso del fraude en expedientes de regulación de empleo (ERE). La sentencia, con unanimidad de todos los jueces, concluye que "las actas de las reuniones del Consejo de Gobierno son públicas y no tienen carácter reservado", y que por tanto la jueza puede acceder a la documentación sin invadir competencias exclusivas del Ejecutivo, como defendió en su recurso.
En 2001 la Junta empezó a pagar jubilaciones a trabajadores de empresas en crisis a través de un procedimiento "no regulado" para el que existía un fondo de 647 millones de euros. El epicentro del fraude de los ERE estaba en esa partida -que un exalto cargo de Empleo llamó "fondo de reptiles"- y con el que al parecer se pagaron prejubilaciones a personas que nunca habían trabajado en la empresa beneficiaria de un ERE (los intrusos).
Alaya pidió ver las actas de Gobierno desde 2001 hasta la actualidad para saber si en las más altas instancias políticas conocían ese procedimiento "irregular" en el pago de las ayudas al empleo. La Junta respondió con un requerimiento de inhibición contra la petición de Alaya, alegando que se extralimitaba en sus competencias al exigir documentación "reservada". Tras el primer auto en el que la jueza reclamó las actas (21 de marzo), se desencadenó una fricción entre Alaya y el Ejecutivo andaluz, en el que las actas "precintadas y lacradas" viajaron de la sede del Gobierno a los juzgados y de allí a la sede del Gobierno, en un pulso sin precedentes en torno a quién debía custodiar los papeles hasta que el Supremo decidiera si la jueza podía verlos. Alaya llegó a insinuar que en manos de la Junta las actas podían ser alteradas, y desaparecería información relevante para el caso de los ERE.
Todo ese teórico conflicto de competencias se resolvió ayer, cuando el Supremo dio luz verde a la juez para acceder a las 480 actas de la Junta de los últimos diez años. "No es procedente la genérica negativa [a entregar las actas] por la sola afirmación, sin la necesaria concreción, de que pueden contener documentos reservados o aspectos secretos de las deliberaciones, opiniones o votos", reza el fallo. El Tribunal se ha basado en la propia Ley del Gobierno andaluz que invocaba la Junta para defender el carácter "secreto" de las deliberaciones. Pero según los magistrados, todos los documentos que pasan por el Consejo de Gobierno deben ser, "por su propia naturaleza, públicos y accesibles a los interesados". Sería "contradictorio", continúa, "si un mismo informe, en cuanto forma parte del acta, puede hacerse público y en cuanto documento presentado al Consejo de Gobierno tiene carácter privado".
Satisfacción parcial. La consejera de Presidencia y portavoz de la Junta, Mar Moreno, compareció ayer para aclarar que acatan la sentencia y para explicar que, a pesar del fallo en contra, el Gobierno está "parcialmente satisfecho". En los argumentos jurídicos, los jueces introducen un matiz: puede que en las actas, además de los acuerdos públicos de Gobierno, se hayan incluido "valoraciones, opiniones y apreciaciones de los titulares de órganos que participan en la adopción del acuerdo". Si es así, "su eventual existencia en las actas no autoriza a las mismas un carácter reservado, pero sí a hacer valer esa circunstancia por el Gobierno y denegar, fundadamente, la remisión de ese concreto contenido impropio de las actas".
Es decir, la jueza puede volver a reclamar las actas, pero la Junta también puede extraer de ellas el contenido que considere privado. "Se prevé la posibilidad de excluir del expediente remitido por la Administración, mediante resolución motivada, los documentos clasificados como secreto oficial", concluye el fallo. La Junta interpreta que el Supremo ha puesto "límites" a la potestad de los jueces para acceder a las actas de Gobierno. Aunque ese mismo matiz -la posibilidad de tachar deliberaciones políticas de las actas- ya lo había planteado la propia Alaya en su segundo auto, después de que la Junta se negara a darle todas las actas en bruto.Moreno insistió ayer en que el Ejecutivo andaluz buscaba "defender el fuero", y añadió que el fallo sienta jurisprudencia "para toda España", aunque al ser la primera vez que el Supremo falla en este sentido, la sentencia no es extrapolable. La consejera dijo que los servicios jurídicos estudiarían de nuevo las actas para decidir si deniegan "de forma razonada" parte del contenido. Desde Madrid, el líder del PP-A, Javier Arenas, exigió la "entrega inmediata" de las actas y acabar con este "obstruccionismo permanente". En cambio, la secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz, valoró que la sentencia "salomónica" del Supremo "porque limita las peticiones de la jueza".
