El Supremo ratifica por segunda vez la reforma del sector público

El tribunal avala los estatutos de la Agenci del Conocimiento y sienta doctrina

el 16 abr 2013 / 22:03 h.

La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. Después de un accidentado recorrido judicial que ha durado dos años, 27 recursos interpuestos por los sindicatos de funcionarios, manifestaciones y protestas multitudinarias, denuncias de enchufismo, actos de boicot a los miembros del Gobierno andaluz y reiteradas sentencias del TSJA que ordenaban paralizar cautelarmente la creación de las agencias públicas de la Junta, la ambiciosa y polémica ley de reordenación del sector público andaluz ha llegado hasta el último peldaño de la justicia, el Tribunal Supremo, que acaba de dar un espaldarazo definitivo a la norma. El pasado 25 de marzo, el Alto Tribunal estimó el recurso de casación planteado por la Junta contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que había anulado los estatutos de la Agencia del Conocimiento. Es la segunda vez que el Supremo ratifica la legalidad de los estatutos de una agencia pública afectada por el proceso de reforma del sector público, y previsiblemente sienta doctrina para los recursos contra el resto de las agencias que aún quedan por juzgar. La sentencia, que se hizo pública ayer, “corrobora que el personal integrado en la Agencia del Conocimiento ya tenía la condición de empleado público y que, por tanto, el proceso de reordenación no cambió su estatus jurídico”. “No se suscitan dudas de constitucionalidad respecto a la reforma del sector público, porque el proceso de integración no lesiona el principio de igualdad, ni los derechos de promoción profesional de los recurrentes, y el personal integrado sólo podrá acceder a la condición de personal funcionario o laboral de la Administración General de la Junta participando en los respectivos procesos selectivos”, dice el fallo. El argumento es el mismo que esgrimió el Supremo el 21 de enero, cuando declaró “la legalidad de los estatutos de la Agencia de Instituciones Culturales. “Se confirma que los estatutos de la Agencia del Conocimiento son conformes a Derecho y se reitera la doctrina del Supremo sobre la condición de empleado público del personal integrado en las agencias, en el marco de la ley”, explicó ayer la Consejería de Hacienda en una nota. Las protestas masivas en la calle y la ofensiva judicial que pilotaron los sindicatos de funcionarios contra la reforma del sector público puso en jaque a la Junta hace dos años, hasta un mes antes de las elecciones autonómicas. Hubo un cisma entre los representantes de los trabajadores (CCOO y UGT apoyaban la reforma, los sindicatos corporativos de funcionarios denunciaban que era una “ley para colar enchufados en la Administración por la puerta de atrás”). El PP se alineó con los manifestantes, avaló sus denuncias y usó las protestas como ariete contra la Junta. Ahorro. La reforma eliminó 111 entes públicos de los 255 que tenía la Junta. Hasta entonces existía una multitud de sociedades mercantiles que se agruparon en ocho macroagencias y el ahorro previsto era de 115 millones en tres años. La fusión o eliminación de empresas afectó a 23.476 empleados: 2069 funcionarios, 1.475 personal laboral de la Junta y 19.933 personal laboral que no pertenecía a la Junta. Este último grupo es el que hizo descarrilar la reforma. La ley había permitido integrar en las agencias públicas a esos 20.000 trabajadores con contratos privados. Los jueces de lo Contencioso y del TSJA cuestionaron que esos empleados, sin concurso de igualdad o mérito, hubieran adquirido los mismos derechos que un funcionario y que pudieran desempeñar sus funciones. Casi una decena de sentencias anularon o frenaron el sistema de acceso a la función pública del personal sin opositar. Los fallos afectaron a las ocho agencias públicas. El Supremo ha empezado a inclinar la balanza hacia la Junta.

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