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El Tribunal Supremo traslada a Chaves, Griñán y Viera su preimputación en el caso de los ERE

El fiscal recurre porque cree que si no se eleva la causa ciertos hechos quedarán «impunes»

el 10 abr 2014 / 14:06 h.

    alaya El Tribunal Supremo remitió ayer a los presidentes del Congreso y el Senado los autos en los que la jueza Mercedes Alaya preimputa a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y al exconsejero José Antonio Viera por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, después de que la magistrada diera ayer un giro y rectificara su error al enviar ella misma a la Guardia Civil a notificar dicho auto. Una notificación que se produjo el mismo día en que la Fiscalía Anticorrupción ha recurrido ante la Audiencia la decisión de la magistrada de no dividir la causa y no remitir parte al Tribunal Supremo, ya que para el fiscal se está corriendo el riesgo que por «el mero paso del tiempo» los responsables de algunos hechos «puedan quedar impunes». El presidente del Alto Tribunal, Carlos Lesmes, remitió ayer los autos de fecha 18 de diciembre a los presidentes del Congreso y del Senado, Jesús Posada y Pío García-Escudero, después de que las Mesas de ambas instituciones acordaran el martes devolver a Alaya la citada documentación. Los autos iban en sobres cerrados dirigidos a Posada y García-Escudero para que fueran entregados a Chaves, Viera y Griñán (diputados y senador) tras no localizarlos en sus domicilios. Las Mesas advirtieron a la magistrada que no había optado por el «camino correcto» para trasladarla a los afectados porque el órgano jurisdiccional para relacionarse con aforados es el Supremo. La jueza rectificó y solicitó auxilio tanto al Alto Tribunal como al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que la «auxilien» para notificar a Chaves, Griñán, así como a cinco exconsejeros, todos ellos aforados. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 explica en su resolución que ambos oficios iban dirigidos a los presidentes del Congreso y del Senado «con el ruego de que hicieran llegar el contenido del mencionado auto a los diputados y senador referidos en el mismo, al ser estas Cámaras domicilios laborales de estas personas». La notificación se producía el mismo día en el que la Fiscalía Anticorrupción presentó su recurso ante la Audiencia Provincial contra la decisión de la instructora de no dividir la causa y remitirla al Tribunal Supremo, tal y como le solicitó el Ministerio Público hace una semana en un escrito. El fiscal rebate a la jueza el que no se pueda deslindar la causa en piezas porque «cada expediente delimita tanto el objeto de investigación, la ayuda recibida, como la esfera de los participantes». Asimismo, no considera relevante que se puedan producir sentencias contradictorias y asegura que «la preocupación de la Fiscalía es conseguir que estos pronunciamientos se puedan dar en fase de enjuiciamiento evitando la impunidad de conductas y que se pueda recuperar en sentencia los fondos presuntamente malversados, no sólo acudiendo al patrimonio de los concedentes sino también al de los perceptores de los mismos». En esta argumentación el fiscal alude a la posible impunidad de algunos responsables y, aunque no da nombres, todo hace pensar que tras su petición existe el temor de que prescriban delitos en casos como el del Viera, que a finales de este mes cumple los diez años de su cese como consejero, y que podría ser una fecha clave. De hecho, el escrito vuelve a insistir en esta idea y afirma que trata de «evitar que personas presuntamente responsables de los hechos puedan quedar impunes por el mero transcurso del tiempo». No obstante, hay fuentes consultadas que creen que la prescripción de los delitos en el caso de Viera podría ser a los 15 años y no a los 10. De esta forma, Anticorrupción pide a la Audiencia que anule la decisión de Alaya de seguir instruyendo el caso de los ERE en su conjunto e insiste en que es posible crear una causa por cada uno de los dos centenares de ayudas directas a empresas, otra por las llamadas sobrecomisiones y finalmente las diligencias contra los aforados. A su juicio, el mantener el caso de los ERE como un bloque perjudicará a la Justicia «como valor de nuestro sistema constitucional» debido a la «instrucción de hechos tan amplios y complejos». La decisión está en manos de la Sección Séptima quien tendrá que decidir si Alaya continúa con la instrucción o si tiene que enviar a un órgano superior la investigación, al menos en lo referente a los aforados que podrían estar implicados en esta causa, que suma 151 imputados.

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