Tras seis años de pleito judiciales, el Tribunal Supremo ha acabado dando la razón a la expropiación de 35 naves del polígono industrial de San Jerónimo planteada por el Ayuntamiento para poder llevar a cabo la ampliación del cementerio de San Fernando. El Alto Tribunal respalda en una sentencia la revisión del PGOU de julio de 2006, en la que se incluía esta modificación. Los propietarios ya han solicitado una reunión con el alcalde, Juan Ignacio Zoido, para buscar una solución, después de que el PP solicitara en 2010, tanto ante la Junta como en el Pleno municipal, que no se lleven a cabo unas expropiaciones que significarían la pérdida de 200 empleos.
La sentencia del Supremo confirma una anterior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que fue recurrida por los propietarios de estas naves de la zona sur del polígono por "falta de motivación". Los afectados califican la modificación del PGOU, aprobada por la Junta de Andalucía y que suponía el cambio de calificación del suelo de industrial a dotacional, como "voluntarista" y contraria a la revitalización de los polígonos.
Los magistrados rechazan estos argumentos al considerar que "queda plenamente justificada la necesidad de ampliación del cementerio", por lo que llegan a la conclusión de que "no es ilógico, irracional o arbitrario el uso asignado por la revisión del PGOU ni tampoco contrario a las determinaciones legales, ni mucho menos aún vulnera el espíritu del nuevo planeamiento".
Y es que la decisión judicial hace suyos los argumentos expuestos por el Ayuntamiento para defender la necesidad de llevar a cabo las expropiaciones de unas naves industriales "en evidente regresión". Así, destacan que "muchas de las defunciones producidas en Sevilla se desvían a municipios del área metropolitana" y que "Sevilla es la única ciudad de 700.000 habitantes que cuenta con un único cementerio que data de 1880, y que hoy es inapropiado e insuficiente para atender las necesidades funerarias de la ciudad". El fallo alude a que el cementerio "habría quedado agotado hace 20 años" de no haberse producido un incremento de las incineraciones en los últimos años, que "ha permitido que haya podido seguir funcionando, pero con carencias y absoluta falta de espacio". "No existen vacantes, no es posible conceder tumbas de suelo, tampoco existe espacio físico para ejecutar nuevas tumbas de pared", son algunas de las deficiencias que enumera la sentencia.
Ante esta decisión, que desbloquea las posibles expropiaciones, los afectados ya han solicitado una reunión con el alcalde, Juan Ignacio Zoido, para conocer las intenciones del Ayuntamiento. Según explicó el presidente de la comunidad del polígono, Manuel Pérez, el año pasado obtuvieron "su compromiso verbal" de que las expropiaciones no se llevarían a cabo, en una visita en la que estuvo acompañado por el presidente del PP-A, Javier Arenas, y el entonces coordinador del área económica del PP y hoy ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Días después de este encuentro, el PP llevó el asunto al Pleno municipal, donde el entonces edil de Urbanismo, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, dejó en el aire las expropiaciones, entre otras cosas, por falta de presupuesto. Ayer, el Ayuntamiento no se pronunció a la espera de conocer la decisión judicial. Pérez lamentó el daño que estas expropiaciones causarían a las empresas afectadas, que no podrían afrontar un traslado, y lamentó "que hayamos gastado 200.000 euros en este proceso", sin lograr su objetivo.
