El Gobierno andaluz se convirtió en febrero de 2002 en la primera administración europea en demandar a las compañías tabacaleras -British American Tobacco, CITA, Altadis-Tabacalera, Tobacco Canary Island, Philips Morris y J.T. International- para que paguen el coste sanitario relacionado con las enfermedades asociadas al tabaquismo.
La consejera de Salud , María Jesús Montero, según recoge Europa Press, aseguró "acatar el fallo del Supremo", sin embargo confió en que otro recurso contencioso-administrativo que está interpuesto por la Junta ante la Audiencia Nacional por la responsabilidad patrimonial del Estado en este asunto, permita desbloquear por fin esta demanda "y entrar definitivamente en el fondo del asunto".
"Aún estamos pendientes de que la Audiencia se pronuncie sobre esta nueva vía -manifestó Montero- con la que esperamos poder discutir las cuestiones que hay detrás de los expedientes que presentamos contra las tabaqueras, que no son otras que la de demostrar que la industria, aún a sabiendas de que manipulaba la voluntad del ciudadano, no le informaba de los riesgos que tenía la sustancia".
La Junta reclama a las seis compañías 1,77 millones de euros derivados del gasto sanitario de 135 pacientes tratados en los hospitales Virgen Macarena y el Virgen del Rocío de Sevilla.
El Gobierno andaluz abrió en 2006 la vía contencioso-administrativa -incluyendo al Estado en la demanda- tras agotar la vía civil en la Audiencia Provincial de Madrid. La Junta llevó el caso entonces ante la Audiencia Nacional. Este tribunal le reclamó que presentara un requerimiento ante el Ministerio de Economía y Hacienda "para el reembolso de determinados gastos sanitarios (...) derivados del tratamiento a 135 pacientes solidariamente con las entidades privadas codemandadas", según el fallo.
El Ministerio rechazó el requerimiento y el 20 de septiembre de 2007 la Junta formuló la demanda ante la Audiencia Nacional. Al no disponer del requerimiento, la Audiencia tumbó la denuncia de la administración autonómica, que actuó en dos sentidos: por un lado, puso un recurso al Supremo -que ayer lo desestimó-; por otro, presentó una nueva demanda también ante la Audiencia Nacional por responsabilidad patrimonial del Estado.
Ésta es la vía en la que Montero tiene ahora puestas las esperanzas. De hecho, el Supremo, en el fallo hecho público ayer, aseguró que la Junta y el SAS no habían usado "el cauce adecuado para iniciar una acción de reclamación de responsabilidad patrimonial frente al Estado".
