Fue el 24 de marzo cuando el presidente de los populares andaluces, Javier Arenas, y la portavoz de su grupo en la Cámara Baja, Soraya Sáez de Santamaría, registraron en el Constitucional un recurso contra los artículos 1, 2, 4 y 6 de la ley presupuestaria, así como varias disposiciones. En el caso de la deuda, sostienen que la disposición de pagar en suelo y no en dinero líquido viola la Carta Magna -artículo 158-, el Estatuto de Autonomía y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca). Como defendió Arenas, pagar en solares supone no inyectar dinero directamente en educación, sanidad y vivienda, las materias que se transfirieron de forma "deficitaria" a la región en los años 80.
El PP también recurrió los presupuestos por no contener "la totalidad de los gastos que ha comprometido el Gobierno para 2010"; "no aparece en ningún momento" el dinero destinado al Fondo para la Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y al Fondo de Economía Sostenible. Además, la denuncia va contra los cambios que las cuentas públicas incluyen en el régimen de comercialización de Loterías del Estado, que van más allá de 2010.
Ayer, la portavoz del PP en el Parlamento, Esperanza Oña, fue la única en valorar el paso del TC, y lo hizo desde la prudencia. "Es una buena noticia", dijo, pero "ahora hay que esperar", pues "son los tribunales los que tienen la palabra". "Esperamos poder dar algún día la buena noticia a los andaluces de que hemos conseguido lo que son sus derechos".
Su ofensiva en los tribunales por la forma en que se saldó la deuda -la cesión de Agesa, gestora de los activos de la Expo 92; 22 solares en seis provincias y dos millones de euros en metálico- va a continuar, más allá de este espaldarazo. Como anunció ayer el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, van a recurrir la valoración conjunta de los terrenos porque, a su juicio, la Junta "se la ha inventado" y así "ofende a los andaluces".
Tasaciones. Esta "batalla jurídica e institucional sin precedentes" busca aclarar por qué se produjo un desfase de casi 200 millones en la tasación de Agesa: primero el Estado la valoró en 599 millones, pero la empresa contratada por la Junta la cifró en 345 y precisó que le faltaba información sobre determinados suelos o sobre la antigüedad de varios inmuebles. Al final, el Gobierno andaluz elevó la cantidad a 509 millones por "razones técnicas", según explicó en el Parlamento la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo. Javier Arenas defiende que aquello fue una maniobra política para cerrar un acuerdo con el Estado antes de la fecha tope (20 de marzo).
El PP tiene vivos otros dos recursos contra el pago en solares: uno en la vía del contencioso contra el acuerdo entre Junta y Gobierno para saldar el pago y otro en el Tribunal Supremo, contra las conclusiones de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales que fijó ese pago; los populares creen que debió cerrarse en la Comisión Mixta Paritaria de Transferencias Estado-Autonomías, que era la competente. En el pacto se recoge que el pago de la deuda se realizará mediante transmisión de participaciones accionariales y de determinadas fincas, cuando el pago de las asignaciones complementarias "se ha de realizar en dinero, conforme a lo establecido en los artículos citados, resultando el acuerdo impugnado nulo de pleno derecho", alegan.
