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El TC avala el despido de la maestra de religión, según el Obispado

El prelado de Almería cree que el fallo justifica su potestad para cesarla por casarse con un divorciado

el 20 abr 2011 / 20:32 h.

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Resurrección Galera junto a su marido Johanes Romes, en su casa rural.

El Obispado de Almería remitió ayer un comunicado a los medios de comunicación reprochándoles la lectura "sesgada" que hicieron de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que reconoce el amparo a Resurrección Galera Navarro, una maestra de religión de un colegio público almeriense que fue despedida hace diez años por casarse por lo civil con un hombre divorciado. El actual vicario general de la Diócesis de Almería, Tomas Cano, ha interpretado la sentencia en sentido contrario a como fue difundida el martes. El TC ha anulado las dos sentencias, de 2001 y 2002, que avalaron el cese de Galera, e insta a los juzgados que las dictaron a reconsiderar su decisión en base a la doctrina que establece este nuevo fallo. El Obispado de Almería está convencido de que existen "elementos sólidos" en la resolución que justifican que "la nueva sentencia del juzgado de lo Social de Almería vuelva a declarar ajustado a derecho" el despido.

La Iglesia ha llegado a esta conclusión a partir del fundamento jurídico tres de la sentencia del TC, según el cual, "corresponde a las confesiones la competencia para el juicio sobre la idoneidad de las personas que hayan de impartir la enseñanza de su respectivo credo, un juicio que la Constitución permite que no se limite a la estricta consideración de los conocimientos dogmáticos o de las aptitudes pedagógicas del personal docente, siendo también posible que se extienda a los extremos de la propia conducta en la medida en que el testimonio personal constituya para la comunidad religiosa un componente definitorio de su credo, hasta el punto de ser determinante de la aptitud o cualificación para la docencia".

Los fundamentos jurídicos de cualquier sentencia judicial son los pros y los contras previos a la resolución. Los argumentos cruzados de demandantes y demandados que los jueces reconocen como válidos a la hora de ponderar su decisión final. La sentencia del Constitucional tiene 12 fundamentos jurídicos, y el fallo, es decir, la resolución final de los jueces remite al fundamento número 12. Es a éste apartado al que deberán remitirse los jueces de la sala de lo Social de Almería cuando revisen su sentencia de hace diez años, en la que admitieron el despido de Galera. En dicho fundamento jurídico, los jueces advierten de que a la maestra "no se le imputa que en sus enseñanzas haya incurrido en al más mínima desviación de los contenidos de tales enseñanzas establecidos por la Iglesia". También concluyen que "la decisión eclesial no puede prevalecer sobre el derecho de la maestra a elegir libremente su estado civil y la persona con la que desea contraer matrimonio" y reprocha al Obispado y a las administraciones educativas que la maestra "se vea obligada a elegir entre renunciar a su derecho a contraer matrimonio o asumir el riesgo de perder su trabajo, lo que supondría otorgar a la libertad religiosa prevalencia absoluta sobre la libertad individual".

Con todo, el Obispado de Almería insiste en que el fallo del TC "no dice en ningún momento que actuasen contrario a derecho". La diócesis defendió ayer la posición que compartió con el Estado y con la Junta en el litigio: que no fue despido, porque no había relación laboral con la maestra. Sobre la "discriminación" de prescindir de ella por haberse casado con un divorciado, no quiso entrar a valorarlo.

El Estado y la Junta brindan por un fallo... en su contra

El fallo del Constitucional reconoce, por primera vez, que las decisiones de la Iglesia deben someterse al control de las leyes. Los jueces anteponen los derechos fundamentales de los individuos a la libertad religiosa de la Iglesia. El acuerdo de la Santa Sede y el Estado español de 1979 permitía, hasta ahora, que el contrato y despido de los maestros de religión se hiciera al margen del régimen de la ley del Estatuto Básico de los Trabajadores. Agarrándose a ese acuerdo, que ahora califican de “arcaico”, el Gobierno central y la Junta de Andalucía estaban posicionados junto a la Iglesia en este litigio contra la maestra de religión. Eso no ha impedido, sin embargo, que ayer miembros del Gobierno y de la Junta aplaudan la resolución del TC, que en teoría les es desfavorable. El secretario de Estado de Política Territorial, Gaspar Zarrías,  consideró ayer “justo” el fallo. “Es buena noticia que se reconozcan derechos individuales”, dijo, y añadió que espera que no vuelva a cuestionarse como se ha hecho  durante todo este tiempo algo que queda claro y perfectamente  delimitado en las leyes y en la Constitución”. La Consejería de Educación también insistió en que el fallo “respalda” su política en relación a los maestros de religión. La LOE, de 2006, introdujo finalmente a los docentes de religión bajo el paraguas del Estatuto de los Trabajadores. 

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