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El TC avala la ilegalización de ANV por su relación con ETA y Batasuna

Ya es firme la ilegalización del partido Acción Nacionalista Vasca (ANV). El Tribunal Constitucional (TC) confirmó el jueves la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que acordó la ilegalización de la formación abertzale, por su relación "en todos los sentidos", con la banda terrorista ETA y Batasuna. Foto: EFE.

el 15 sep 2009 / 21:53 h.

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Ya es firme la ilegalización del partido Acción Nacionalista Vasca (ANV). El Tribunal Constitucional (TC) confirmó el jueves la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que acordó la ilegalización de la formación abertzale, por su relación "en todos los sentidos", con la banda terrorista ETA y Batasuna.

La Sala Segunda del Constitucional, que ha rechazado así el recurso de amparo presentado por ANV, considera que la sentencia del Supremo no infringió los derechos de asociación política y libertades ideológica y de expresión como había alegado la formación ilegalizada. Además, concluye que los hechos que fueron declarados probados por el Supremo están previstos en las causas de ilegalización previstas en la Ley de Partidos Políticos.

Esta sentencia puede allanar el camino a la ilegalización de las formaciones abertzales D3M y Askatasuna, que ya han presentado sus candidaturas para presentarse a las elecciones vascas del 1 de marzo, y que el Ministerio del Interior considera que hay indicios claros de vinculación con Batasuna y ETA.

Respecto a ANV el Constitucional estima que es tan efectivo el apoyo brindado directamente a ETA como el que se dispensa a Batasuna, ya que se trata de un partido que fue disuelto por ser un simple instrumento de la banda terrorista. Además, sostiene que la sentencia del Supremo concluyó de una forma razonable y motivada que ANV "ha acabado colaborando reiterada y gravemente con Batasuna complementando y apoyando políticamente, en consecuencia, a la organización terrorista ETA".

El TC explica que el Supremo no ha ilegalizado a ANV por su coincidencia ideológica con ETA, sino por haber entendido que la campaña de intimidación dirigida a numerosos candidatos electos tras los comicios de 2007 y el boicoteo organizado en connivencia con Batasuna, siempre al servicio de la banda, contra la constitución de determinadas corporaciones municipales, tenía perfecto encaje en la Ley de Partidos Políticos.

A los hechos acreditativos de la relación política existente entre ANV, por una parte, y Batasuna y ETA, de otra, se suman los que han puesto de manifiesto, además, la existencia de una relación económica entre uno y otros, explica el TC. Así, dice que de las pruebas practicadas se ha deducido, motivadamente, que ANV ha apoyado económicamente a un partido político ilegalizado -Batasuna- por confundirse con un grupo terrorista. También defiende el TC la conclusión del Supremo respecto a la inexistencia por parte de ANV de comunicados de condena a los crímenes terroristas y señala que la genérica condena de la violación de los derechos humanos realizada por esa formación no es suficiente.

Los grupos, satisfechos. Las reacciones a esta sentencia del TC no se hicieron esperar. Para el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, es una "buena noticia para la democracia" que el Constitucional haya confirmado la ilegalización de ANV y recalcó que el Estado de Derecho garantizará que el entorno de ETA no tenga "el más mínimo margen de maniobra" para concurrir a las elecciones vascas del próximo 1 de marzo.

De forma similar se pronunció el PP, su responsable en materia de Justicia, Federico Trillo, calificó como una "espléndida noticia" la decisión del TC de ratificar la ilegalización de ANV y la clara doctrina que establece para que no haya "marcas" que puedan representar a los terroristas en las elecciones vascas.

Los partidos vascos, en cambio, no valoraron tan positivamente la sentencia del TC. Así, EA indicó que supone "incidir en fórmulas del pasado que se han revelado totalmente inútiles para la resolución del conflicto", mientras que Aralar calificó la decisión de "ataque a la democracia" ya que, en su opinión, supone "una aberración política y jurídica".

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