El Tribunal Constitucional italiano, con la ausencia de la Fiscalía de Milán, abrió ayer el debate sobre la ley que otorga inmunidad al primer ministro italiano, Silbio Berlusconi, y cuya derogación puede suponer la reanudación de los procesos judiciales contra Il Cavaliere.
El análisis definitivo al que se somete ahora la controvertida ley de inmunidad, aprobada en 2008 por el Parlamento a iniciativa del Gobierno y de su ministro de Justicia, Angelino Alfano, empezó con una audiencia pública que presidían los quince magistrados que componen la Corte. Las autoridades milanesas, representadas ante la Corte por Alessandro Pace, defienden la inconstitucionalidad de la ley porque, según ellas, viola la igualdad de los ciudadanos y porque se trata de una norma que no fue aprobada con el procedimiento de modificación constitucional que habría requerido por su naturaleza.
Pero finalmente los 15 magistrados del Tribunal Constitucional italiano no accedieron a autorizar la intervención de Pace. "Ésta es una ley ad personam y hace diez años habría sido declarada inconstitucional sólo por este hecho", comentó el representante de la Fiscalía de Milán. Poco después de decidir la no intervención de Pace, los magistrados escucharon los alegatos de los abogados del primer ministro Niccolò Ghedini y Gaetano Pecorella, acompañados ayer en la defensa del Laudo Alfano -nombre de la ley- por el representante de la Abogacía del Estado, Glauco Nori. "Se ha dicho que se ha intentado condicionar a esta Corte. La abogacía ha defendido una norma, producto legislador del Parlamento, que el Estado tiene el derecho de defender", argumentó Nori ante los magistrados, cuyo dictamen será decisivo en el futuro del primer ministro Berlusconi y del propio Gobierno italiano.
Posibles dimisiones. El Estado basa su defensa en el hecho de que, si se derogase la ley, "se provocarían daños a los cargos electivos, que no podrían ser ejercidos con el compromiso debido, pudiéndose producirse, incluso, dimisiones", cuando Berlusconi tiene suspendidos sus procesos por corrupción en el caso Mills y por irregularidades en la compraventa de derechos por su empresa Mediaset.
Por su parte, Ghedini, el abogado de confianza de Il Cavaliere, orquestó la defensa de la controvertida norma en torno al argumento de que "la ley es igual para todos, pero no siempre su aplicación" y descartó que la ley de inmunidad sea aplicada sólo con ciertos delitos. El dictamen puede llegar en las próximas horas o retrasarse hasta la semana que viene pues los magistrados parten el jueves hacia Lisboa para asistir a un congreso internacional.
"Cualquier diferenciación, en lo que respecta a la concesión o no del legítimo impedimento a comparecer, sería, ésta sí, inconstitucional, si está prevista en base a diferentes tipos de delitos", indicó Ghedini, representante de Berlusconi en las causas legales por la publicación de las fotografías e informaciones sobre sus fiestas privadas con jovencitas. Pecorella incidió que, según las modificaciones hechas a la ley electoral, no se puede considerar al primer ministro como "igual al resto de parlamentarios, es decir, no es un primus inter pares sino que tiene que ser considerado como un primus super pares".
