El Tribunal Constitucional (TC) admitió ayer a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno contra la ley de la Generalitat valenciana que autoriza todas las actuaciones del Plan del Barrio del Cabanyal de Valencia, por lo que se paralizan los derribos de las viviendas. El recurso del presidente del Ejecutivo iba contra los artículos 1, 2 y 3, apartado 2 de la disposición derogatoria y el párrafo segundo de la disposición final segunda de la ley aprobada por el Gobierno valenciano de Medidas de Protección y Revitalización del Conjunto Histórico de la Ciudad de Valencia.
El Gobierno decidió interponer un recurso contra la ley del Cabanyal por entender que ésta "menoscaba las competencias sobre protección contra el expolio del patrimonio histórico que corresponden al Estado". La ley, aprobada el pasado mes de marzo, sustituyó y derogó un decreto-ley -prácticamente idéntico a la ley, salvo aspectos puntuales- que también fue recurrido por el Gobierno. El Constitucional ha decidido dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, así como a la Generalitat y a las Cortes valencianas, con el fin de que en el plazo de 15 días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes.
"Se resolverá". En estas circunstancias, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia, presidido por la alcaldesa Rita Barberá, confió ayer - a través del concejal de Grandes Proyectos, Alfonso Grau- en que el "problema" del barrio "se resolverá" porque está "convencido" de que "la razón" le asiste.
Asimismo, destacó que asume las decisiones judiciales y que si los derribos contemplados en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de esta zona se han de parar, se pararán.
