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El TC obliga a dar garantías para recurrir las multas

El Constitucional ha anulado una multa de tráfico impuesta a un granadino porque no le llegó a su domicilio real. El tribunal cree que el ayuntamiento no se esforzó en averiguar su dirección correcta y por eso exige a partir de ahora a los consistorios una "mínima capacidad indagatoria" para poder dar una sanción por notificada.

el 15 sep 2009 / 17:59 h.

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El Constitucional ha anulado una multa de tráfico impuesta a un granadino porque no le llegó a su domicilio real. El tribunal cree que el ayuntamiento no se esforzó en averiguar su dirección correcta y por eso exige a partir de ahora a los consistorios una "mínima capacidad indagatoria" para poder dar una sanción por notificada.

Los ciudadanos a los que les llegue directamente el recibo de pago de una multa de tráfico sin haber tenido constancia previa de ninguna notificación tienen todas las de ganar. A raíz de una sentencia, el Constitucional exige a partir de ahora a los ayuntamientos una "mínima capacidad indagatoria" para poder dar una sanción por notificada.

La primera persona a la que los jueces han dado la razón en este sentido es un granadino. El Alto Tribunal ha anulado la multa de 363 euros impuesta a este conductor, que aparcó en un paso de peatones, porque la sanción no le fue notificada en su domicilio real sino en la dirección que figuraba en el Registro de Vehículos y, sin embargo, el ayuntamiento sí envió a su casa el apremio de pago. El Constitucional concede el amparo al propietario del coche y anula la multa al considerar que el consistorio granadino no desplegó "una mínima actividad indagatoria" para averiguar su dirección real.

Los hechos se remontan al 5 de febrero de 2002, cuando la Policía Local de Granada denunció a un vehículo que estaba estacionado en un paso de peatones. Un mes más tarde, el ayuntamiento remitió por correo certificado a la dirección que figuraba en el Registro de Vehículos un requerimiento para que se identificara al conductor del automóvil.

El cartero, al devolver el requerimiento, hizo constar que el número de la calle que figuraba en este registro no existía, lo que provocó su notificación por edictos. Aún así, el ayuntamiento volvió a enviar el 3 de diciembre, también por correo certificado y a la misma dirección, un escrito de incoación de un procedimiento sancionador, dado que no se había identificado el conductor responsable de la infracción, así como la resolución sancionadora.

Tanto el escrito como la resolución sancionadora fueron devueltos por el mismo motivo, esto es, debido a que la dirección era desconocida lo que, a su vez, provocó una nueva notificación por edictos. Fue entonces cuando el Tesorero Municipal dictó una providencia de apremio contra el conductor por 363 euros que, esta vez sí, llegó por correo certificado a la vivienda en la que efectivamente residía el propietario del automóvil.

Procedimiento . La sentencia del Constitucional, de la que ha sido ponente Pablo Pérez Tremps, señala que el primer acto administrativo de carácter sancionador del que tuvo conocimiento el recurrente de amparo fue el recibo de pago, ya que todos los anteriores se hicieron en un domicilio falso.

La resolución sostiene que, una vez "frustradas las posibilidades de notificación personal", el ayuntamiento no debió limitarse a proceder a una notificación por edictos "sin desplegar una mínima actividad indagatoria en oficinas y registros públicos para intentar determinar un domicilio alternativo". El TC no tiene dudas de que esa "mínima actividad indagatoria" hubiera llevado "sin mayor esfuerzo" a averiguar el domicilio correcto. De hecho, la sentencia subraya la "aparente" normalidad con la que se verificó la dirección para notificarle el pago.

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