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El TC se queja a Zapatero por las críticas del fiscal al caso Urbanor

El tribunal Constitucional envió ayer una carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para "comunicar su rechazo" a las críticas del fiscal general Cándido Conde-Pumpido, que discrepó con la sentencia que exoneró a Los Albertos. Foto: EFE.

el 15 sep 2009 / 00:50 h.

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El tribunal Constitucional envió ayer una carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para "comunicar su rechazo" a las críticas del fiscal general Cándido Conde-Pumpido, que discrepó con la sentencia que exoneró a Los Albertos.

El Pleno del Tribunal Constitucional se dirigió ayer por escrito a Rodríguez Zapatero -una iniciativa sin precedentes- para expresar su "rechazo" a las manifestaciones públicas realizadas el pasado jueves por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en las que mostró su rechazo a los criterios que permitieron absolver a los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer quienes, previamente, habían sido condenados por el Tribunal Supremo.

Las declaraciones de la discordia realizadas por Conde-Pumpido el jueves pasado fueron: "Discrepo total y absolutamente de la sentencia de la sala segunda del Tribunal Constitucional. Y creo que los condenados por delito de estafa y de falsedad mercantil se quedarán con el dinero de la estafa". La sentencia libró de cargos a Los Albertos en el caso Urbanor, al considerar que sus delitos habían prescrito antes de que la acción penal se dirigiera contra ellos.

La misiva, cuyo contenido se acordó en una reunión de los doce magistrados que componen el Pleno del Tribunal Constitucional, se remitió a la Presidencia del Gobierno sin enviar copia a la Fiscalía General, que tampoco ha recibido anteriormente ningún tipo de escrito de queja referente a las manifestaciones de Conde-Pumpido ante los medios de comunicación.

Por el momento no ha trascendido el contenido de la carta, aunque fuentes jurídicas han reconocido el malestar que causaron en el alto tribunal las palabras de Conde-Pumpido sobre la sentencia. El documento se habría dirigido a la Presidencia del Gobierno por ser el órgano responsable del nombramiento del fiscal general del Estado.

Plazos de prescripción. La resolución dictada el pasado día 20 por el Tribunal Constitucional implica un cambio doctrinal sobre la aplicación los plazos de prescripción de los delitos con respecto a la mantenida hasta este momento del Tribunal Supremo, lo que también ha provocado un enfrentamiento institucional entre ambos tribunales.

De hecho, el pasado martes, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo afirmó que el Constitucional se había excedido en su jurisdicción al cambiar la doctrina de la prescripción, al basarse en una interpretación de la tutela judicial efectiva que vulnera el artículo 123 de la Constitución española. Dicho artículo es el que dota al Tribunal Supremo de supremacía en la interpretación de las leyes.

En sus declaraciones, Conde-Pumpido llegó a señalar que la resolución del Tribunal Constitucional "permite a los acusados quedarse con el dinero de la estafa" y calificó de "muy preocupante" que "se le da la vuelta a la tutela judicial efectiva, que es un derecho que debería proteger a las víctimas de la estafa".

El enfrentamiento entre el Tribunal Supremo y el Constitucional a cuenta de la doctrina de la prescripción se remite a mayo de 2005, cuando fue hecha pública una sentencia del Tribunal Constitucional que modificaba por primera vez la doctrina sobre prescripción de los delitos.

La sentencia cuestionada entonces establecía una nueva norma por la que la interposición de una denuncia o querella no es elemento suficiente para considerar interrumpido el plazo de prescripción, al ser requerida alguna intervención judicial al respecto. Esta postura jurisprudencial choca frontalmente con la mantenida hasta ahora por el Supremo.

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