L. Blanco / I. Carretero
Dijo Manuel Chaves en su investidura que la reforma de la justicia era "inaplazable" y los jueces de Andalucía se han tomado al pie de la letra ese comentario. Aseguran que no pueden esperar más. Los plazos con los que trabajan el Gobierno y la Junta para mejorar el servicio -que nadie niega que no está a la altura de lo que las leyes dicen que merecen los ciudadanos- no son suficientes para los jueces, protagonistas de una suerte de rebelión en la que suenan en el mismo tono voces con nombres y apellidos y, sobre todo, datos. Son los de un informe entregado a la Junta por la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que se hace un desolador diagnóstico.
El mensaje de los jueces se resume en una palabra: caos. Hablan de que el sistema está colapsado porque faltan al menos 1.200 funcionarios, porque se cubren bajas con personal incapacitado para el trabajo que desempeña, porque hay pocos juzgados y porque los que hay no están conectados informáticamente de forma eficaz. Gobierno y Junta son la diana de esas críticas porque comparten resposabilidad en una materia en la que, desde 1997, la Consejería de Justicia se encarga de la dotación de medios personales y materiales y de las infraestructuras judiciales, pero las decisiones sobre cuántos juzgados se necesitan y cuánto personal requieren sigue siendo estatal. La colaboración con el Estado es imprescindible.
La consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, no conoció la letra del informe hasta el pasado martes por la tarde, pero cuando llegó al cargo ya sabía de la insatisfacción generalizada. Llegó "poniendo la mejilla" -como ella misma recuerda cada vez que puede- y buscando la cooperación también con el TSJA, sobre todo, a través de la creación de subcomisiones provinciales en las que se analizan todos los meses las necesidades de los distintos órganos judiciales.
Desde que tomó posesión en primavera, Naranjo ha ido tapando agujeros: más jueces de lo penal en las audiencias de Sevilla y Málaga, la prórroga de las medidas de refuerzo de personal de algunos juzgados, la apertura de la bolsa de interinos o la firma de un convenio con el SAE para que forme a parados en la gestión judicial. Y se ha marcado también ambiciosos objetivos, pero que requieren mover una maquinaria demasiado pesada. Dispuesta a pactar un plan de calidad centrado en los recursos humanos, las infraestructuras y las tecnologías, antes de acometerlo la Consejería quiere tener datos fiables sobre la situación y por eso encargó en noviembre pasado un informe que le servirá para reestructurar la relación de puestos de trabajo. Quiere conocer cuáles son los procedimientos de trabajo y la carga de cada puesto. El estudio lo hará una empresa externa, que analizará de forma exhaustiva la provincia de Málaga para luego extrapolar los resultados.
La fecha en la que Naranjo quiere tener listas las conclusiones es el primer semestre de 2010 y, a partir de ahí, acometer la reorganización. Pero pese a que el TSJA se implicó en el diseño de este estudio, el Alto Tribunal ya ha presentado un diagnóstico propio mucho antes de lo previsto para el de la Junta. No hay tiempo que esperar, es el mensaje que subyace de la presentación del documento, que es prolijo en adjetivos -dice que el déficit de medios es "alarmante"- y que ha sido secundado por jueces decanos que hablan de que, o se toman medidas urgentes, o en uno o dos años "el sistema revienta". El de Córdoba, Luis Rabasa, fue el primero en hacerlo y otros le secundaron después.
Años de retraso. La alerta judicial se produce en la cuenta atrás de la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la sanción al juez Rafael Tirado por no ejecutar la sentencia para encarcelar al asesino de Mari Luz Cortés, pero también después de años de retrasos en la promesa de modernización de la Justicia.
La "dinámica de improvisación" de la que alguna vez ha hablado Evangelina Naranjo para referirse a cómo se solucionan los problemas de la justicia ha sido predominante en los últimos años, en los que siempre que alguien lanzaba una queja recibía por respuesta la promesa de que la creación de la oficina judicial sería la panacea.
La oficina judicial es el proyecto una y mil veces vendido para dar la vuelta al sistema como un calcetín. Es el Gobierno central el que tiene que ponerla en marcha y, pese a que estaba prevista en la Ley Orgánica de 2003, sigue sin existir. La tarea no es simple: requiere la modificación de 15 leyes procesales -para agilizar el funcionamiento de la justicia- además de potenciar la figura del secretario judicial y la introducción de nuevos medios tecnológicos que permitan cruzar la información.
La legislatura pasada, la oficina judicial se quedó en promesa. En ésta, ya hay un proyecto de ley que fue enviado a las Cortes el pasado día 12 de diciembre por el Consejo de Ministros, en el que se puso de manifiesto que éste será la clave para una organización "racionalizada que optimizará los medios humanos y materiales".
La reforma de la justicia fue uno de los ejes sobre los que pivotó el discurso de investidura de Manuel Chaves, en abril pasado. Entre sus promesas, además de la modernización necesaria, se incluyó la puesta en marcha en esta legislatura del Consejo de Justicia de Andalucía, una suerte de CGPJ autonómico que no tendría las competencias de éste pero serviría para acercar a la comunidad la toma de decisiones del órgano de poder de los magistrados. Que ese órgano sea realidad depende también de que una ley estatal que le abra la puerta. Y por el momento, no es una prioridad.
