Local

El tijeretazo se negociará en varios entes públicos y en la concertada

Los sindicatos estudian las vías jurídicas, hasta el TC, para recurrir el recorte salarial

el 28 may 2010 / 11:12 h.

TAGS:

Mar Moreno y Carmen Martínez Aguayo, camino de la sala de prensa de la Casa Rosa.

La Junta va a abrir una vía de negociación con los sindicatos para acometer en las sociedades mercantiles y la educación concertada el recorte del 5% que va a aplicar en el salario de todos los trabajadores de la administración andaluza, en virtud del decreto aprobado ayer por el Consejo de Gobierno y con el que la comunidad se adapta al plan de austeridad del Ejecutivo estatal..

El Gobierno andaluz quiere que ese tijeretazo tenga la bendición de los sindicatos pero advierte que todos los trabajadores públicos, trabajen bajo el paraguas que trabajen, deben encajar la rebaja de forma "homogénea". Son 40.000 los empleados que aguardan a que fructifique el diálogo en estos grupos y 80, según el Ministerio de Economía, las sociedades mercantiles de la Junta, que aún desconoce en cuántas de ellas habrá que negociar.

Como explicó ayer la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, se ha decidido que todos los entes públicos se ajusten el cinturón -285 con participación mayoritaria de la Junta según el ministerio, RTVA incluida-, aunque hay complicaciones jurídicas para dar el paso en las sociedades mercantiles y la concertada, porque su naturaleza impide a la administración tomar las decisiones por sí sola. Su intención es la de recortar un 5% la asignación presupuestaria que cada año hace a estas entidades, con lo que les obliga a reducir gastos, aunque sea de manera indirecta y luego ellas decidan de dónde lo retiran.
Los sindicatos insisten en que son los convenios colectivos los que tienen la última palabra y por eso están dispuestos a ir a los tribunales. Según Europa Press, UGT, CCOO y CSI-CSIF rechazan rotundamente el ajuste y están analizado "todas las vías jurídicas" para tumbarlo, desde la social hasta la del contencioso administrativo, el Tribunal Superior de Justicia o el Constitucional, "porque podría vulnerar derechos fundamentales". Las divisiones educativas confirmaron, a su vez, que se sumarán a la huelga del 8 de junio tras esta decisión.

"Difícil y doloroso". A la espera de que se desbloquee este punto -Aguayo "no contempla" otro escenario que el del acuerdo-, el decreto aprobado ayer hace que 245.000 trabajadores de la administración autonómica vean reducidos sus sueldos entre un 0,56 y un 7% (una media del 5%, la misma proporción que la rebaja estatal) a partir de la nómina de junio, aunque no afectará a la paga extra de julio. No se recortarán las nóminas de aquellos empleados públicos con sueldos 1,5 veces por debajo del salario mínimo interprofesional -949 euros por la jornada completa-.

Con esta medida, sumada a los recortes de salario de los altos cargos, que oscila entre el 6% de los delegados provinciales al 15% del presidente Griñán y sus consejeros, el Gobierno andaluz se ahorrará 861 millones de euros (314 este año y el resto, el próximo ejercicio).La consejera abandonó los tecnicismos y los números para dirigirse a los afectados por este "difícil y doloroso" plan de ahorro. "Los empleados públicos son el corazón de la prestación de servicios, los que nos curan y enseñan a nuestros hijos", defendió. Sin embargo, han de entender como "necesaria" la bajada porque su "esfuerzo solidario" hará que la economía "salga adelante y se pueda crear más empleo".

Lagunas. Aguayo reconoció que aún desconoce la incidencia que tendrá sobre la economía andaluza este recorte drástico, pese a que el Gobierno central ya ha calculado que su plan tener un efecto negativo de cinco décimas en el PIB. Tampoco detalló qué impacto tendrá en la comunidad el tijeretazo de 6.000 millones de euros en inversiones para infraestructuras anunciado por Fomento, porque el ministerio no le ha hecho comunicación alguna. Para conocer éste y otros detalles sobre cómo debe la Junta elaborar su propio plan de ahorro, la titular de Hacienda reclamó que se convoque una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de la cita prevista para el 22 de junio, fecha tope para que se aprueben estos planes. Después del paso dado por Cataluña, que ha anunciado un incremento de la presión fiscal sobre las rentas más altas, la Junta aún no mueve ficha. Casi calcando las palabras de días atrás del presidente Griñán, Aguayo insistió en que no descarta ninguna medida, que se están analizando "múltiples iniciativas". Para tomar medidas también hará falta aclarar detalles en la reunión del CPFF. De momento, la primera cita de peso que le espera a la Junta es el pleno del Parlamento de los días 23 y 24 de junio, cuando se votará el decreto aprobado ayer.

  • 1