"El Juli", durante la corrida de este miércoles en los Sanfermines 2013. / EFE
La primera sesión de comparecencias en relación a la proposición de ley para la regulación de la fiesta de los toros como Bien de Interés Cultural ha constituido la enésima reedición de ese debate estéril toros sí, toros no- que enfrenta argumentarios contrapuestos que nunca se pondrán de acuerdo ni llegan a ningún punto de equidistancia. El debate definitivo de la iniciativa legislativa popular ha sido pospuesto hasta el mes de septiembre y previsiblemente- saldrá adelante gracias a la disciplina de voto de la bancada popular y la posible abstención del grupo socialista.
Estas comparecencias se están celebrando dentro del ámbito de la comisión de cultura del Congreso de los Diputados, presidida por Juan Manuel Albendea. El catedrático de Derecho de la Universidad de Madrid Tomás Ramón Fernández fue el encargado de abrir el turno de intervenciones reivindicando el blindaje jurídico y político de la fiesta de los toros, que no fue incluida dentro de la legislación española hasta la llamada ley Corcuera, que entró en vigor en 1992. Fernández aseguró que declarar la Tauromaquia como bien de interés cultural no es ningún disparate político y recordó que la iniciativa legislativa popular suponía la demanda de más de medio millón de firmas que piden al parlamento que se cumpla el mandato constitucional del artículo 46.
El consejero de estado Enrique Alonso se perdió en una farragosa intervención en la que mezcló demasiadas cosas y trufó de errores de bulto al denunciar las supuestas subvenciones que, según su punto de vista, permiten la supervivencia de las corridas de toros. Y aunque Alonso dejó clara su posición contraria al mundo del toro reconoció que el Estado sí puede declarar como Bien de Interés Cultural la fiesta de los toros porque tiene amparo legal advirtiendo que una ley diciendo lo contrario sería igualmente constitucional. En la misma línea de frente, el catedrático catalán Enric Argullol ha puesto encima de la mesa la delimitación competencial de las distintas comunidades autónomas. Según Argullol, el elemento consustancial de la Fiesta es la tradición, con arraigo distinto en cada territorio siendo el Parlamento el que deba calibrar el arraigo de esa tradición.
José Antonio Soriano, ex director de Juegos y Espectáculos Públicos de la Junta de Andalucía fue el encargado de cerrar el turno matinal recordando que Esta ILP nunca hubiera llegado a la Cámara si la Fiesta no hubiese sido atacada. Soriano, que fue el principal impulsor de la actual reglamentación taurina andaluza, reconoció que la trasferencia de competencias taurinas a las comunidades autónomas pudo ser un error explicando que la única vía que le queda al Estado para salvaguardar la Tauromaquia es esta ILP cuya aprobación no devolverá los toros a Cataluña pero sí será un apoyo moral para quien disfruta y respeta la Fiesta. El jurista cordobés afirmó que el futuro de la Fiesta debe ser lo que quiera la gente a través de su libertad y recordó, en clara respuesta a alguno de los ponentes, que el Estado no recibe fondos públicos e ingresa en concepto de IVA y a través de la Fiesta el triple de lo que ingresa por el cine. Soriano no tuvo empacho en denunciar que la decisión del parlamento catalán fue puramente política.
El presidente de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, Luis María Gibert, denunció la politización a la que se había visto abocada la abolición de las corridas de toros en su región. Las personas que se denominan antis en un estado democrático tienen más derechos ante los políticos que cualquiera de los ciudadanos normales denunció Gibert, que hizo una reivindicación de la cultura taurina independientemente de la improbable vuelta de los festejos taurinos a Barcelona, única plaza útil de Cataluña.
Vicenta Vaquer Martí fue la encargada de representar a la Asociación de Profesionales para la defensa de los animales (PRODA) que no se salió del discurso habitual del movimiento antitaurino. La última intervención de la tarde corrió a cargo de Carlos Núñez, presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia y de la Mesa del Toro. Núñez recordó que el toro bravo constituía un tesoro genético que hay que cuidar y sólo es posible hacerlo manteniendo el uso al que está destinado. El ganadero también puso el dedo en la llaga al afirmar que en todo tipo de debates parlamentarios, incluido el proceso abolicionista de Cataluña, las abstenciones siempre habían ido en contra de la Tauromaquia. Carlos Núñez defendió la faceta de creador del ganadero de reses bravas y apostó por la importancia genética de una especie bovina que haría que cualquier país del mundo defendiera la Tauromaquia con absoluto orgullo. El criador de reses bravas culminó su intervención diciendo que libertad de elegir debería ser la clave de esta comparecencia.
Las comparecencias previstas continuarán el jueves con las intervenciones de José Enrique Zaldívar, presidente de la Asociación de Veterinarios por la Abolición de la Tauromaquia; Leonardo Anselmi, portavoz de la Plataforma Prou y el catedrático de literatura Andrés Amorós Guardiola, actual crítico taurino del diario ABC.
