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El Tribunal confirma la extradición de seis ex militares a Argentina

La Justicia de Uruguay confirmó la extradición de seis ex militares de este país a Argentina por su presunta participación en el Plan Cóndor de eliminación de opositores políticos en los años setenta, según una resolución publicada ayer.

el 15 sep 2009 / 11:06 h.

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La Justicia de Uruguay confirmó la extradición de seis ex militares de este país a Argentina por su presunta participación en el Plan Cóndor de eliminación de opositores políticos en los años setenta, según una resolución publicada ayer.

El Tribunal de Apelaciones para lo Penal ratificó en dicho fallo, publicado en el diario El País y difundido por Radio El Espectador, la concesión de la extradición de los oficiales retirados José Arab, Gilverto Vázquez, Ernesto Ramas, Jorge Silveira, Ricardo Medina y José Gavazzo.

Los seis están acusados de tomar parte en el Plan Cóndor orquestado por varias dictaduras latinoamericanas, entre ellas la que había entonces en Argentina, para suprimir la oposición política y eliminar a los disidentes.

El cargo concreto es el de "haber tomado parte en la concertación de un acuerdo criminal destinado y dedicado a la comisión de ilícitos" y "la desaparición forzada" en suelo argentino.

La extradición podrá efectuarse una vez que cumplan con la condena que se les podría imponer en Uruguay, donde están procesados por su presunta intervención, junto a dos ex policías, en la desaparición de Adalberto Soba, militante de izquierdas uruguayo, en 1976, cuando se encontraba en Argentina.

Este caso, al igual que otros similares, quedó excluido de la Ley de Caducidad uruguaya, según una resolución de excepción que entendía que, al tratarse de desapariciones forzosas ocurridas fuera de Uruguay, tiene vigencia la Ley Penal extranjera.

La Ley de Caducidad excluyó en 1986 de juicio a numerosos militares implicados en violaciones de derechos humanos durante la dictadura uruguaya (1973-1985).

El procesamiento en Montevideo en 2006 de estos seis ex militares también reclamados por la Justicia argentina fue la primera decisión judicial en ese sentido desde la recuperación en 1985 de la democracia en Uruguay.

Los acusados pueden apelar ante la Suprema Corte de Justicia la resolución que confirma su extradición.

El Tribunal de Apelaciones subrayó que los hechos de que son acusados esos ex oficiales ocurrieron en Argentina, por lo que sus tribunales de Justicia tienen competencia para intervenir.

No obstante, determinó que no podrán ser juzgados en Argentina por la desaparición de Soba, pues por este caso están siendo procesados en Uruguay.

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