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El Tribunal Constitucional declara "ilgítimo" el uso de cámaras ocultas en el ámbito periodístico

el 06 feb 2012 / 18:12 h.

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La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha declarado por  primera vez "ilegítimo" el uso de cámaras ocultas en el ámbito  periodístico y ha asegurado que la utilización de estos medios de  grabación está constitucionalmente prohibida al margen de la  relevancia pública del objeto de investigación.  
El alto tribunal asegura que este método de grabación mediante  dispositivo oculto "se basa en un ardid o engaño que el periodista  despliega simulando una identidad oportuna según el contexto".

En una sentencia en la que deniega el amparo a Canal Mundo  Producciones Audiovisuales, SA. y a la Televisión Autonómica  Valenciana, S.A. por emplear este sistema en un programa de  televisión la Sala reprocha que la persona grabada -en este caso una  esteticista- fuera grabada "subrepticiamente" y quedara, de este  modo,  privada de su derecho a decidir si consentía la divulgación de  una información que determinaba su "plena" identificación.

La resolución se pronuncia sobre el caso de una periodista  contratada por la productora Canal Mundo Producciones Audiovisuales  S.A. que acudió a la consulta de una esteticista y naturista  haciéndose pasar por una paciente. Durante la cita, que se celebró en  la vivienda que la esteticista tenía destinada a consulta, la  periodista grabó a su entrevistada su voz e imagen por medio de una  cámara oculta.  

Dicha grabación fue cedida a la Televisión Autonómica de Valencia  que la emitió en el programa PVP donde, además, se desarrolló una  tertulia sobra la existencia de falsos profesionales en el mundo de  la salud e, incluso, se puso de manifiesto una condena penal años  atrás a la esteticista por haber actuado como fisioterapeuta sin  tener título para ello.

La protagonista del reportaje televisivo interpuso una demanda  porque entendía que los comentarios expresados en dicho programa  lesionaban su derecho al honor y porque la captación y publicación de  sus imágenes dañaban su derecho a la propia imagen y a la intimidad.  El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 17 de Valencia  entendió que la cámara oculta se enmarca en el llamado periodismo de  investigación, "al que es consustancial a simulación de la situación,  el carácter oculto de la cámara, así como la no revelación de la  intensidad periodística del interlocutor".

La Audiencia Provincial de Valencia señaló que el reportaje reunía  los requisitos necesarios de veracidad, objetividad, interés general  y propósito especialmente informativo para considerar que no se había  vulnerado ningún derecho. Mientras, el Tribunal Supremo sí entendió  que se había producido una intromisión "ilegítima" del derecho a la  intimidad aunque no así a su derecho al honor.

La resolución del alto tribunal precisa que el método utilizado  para obtener la captación intrusiva no fue ni el necesario ni el  adecuado para el objetivo de la averiguación. Hubiera bastado con  realizar entrevistas a sus clientes porque, al margen de que tuviese  o no relevancia pública lo investigado por la periodista, "lo que  esta constitucionalmente prohibido es justamente la utilización del  método mismo (cámara oculta)".

DERECHO A LA INTIMIDAD

La sentencia del Tribunal Constitucional, de la que ha sido ponente  la magistrada Adela Asua Batarrita, analiza si en este caso existe  controversia entre la libertad de comunicar información veraz y los  derechos fundamentales a la intimidad personal y a la propia imagen. 

Los magistrados subrayan que un criterio a tener en cuenta en este  tipo de cuestiones para determinar cuando se dan manifestaciones que  afectan a la vida privada "protegible" frente a "intromisiones  ilegítimas" es el de las expectativas razonables "que la propia  persona, o cualquier otra en su lugar en esa circunstancia, podría  tener al encontrarse al resguardo de la observación o del escrutinio  ajeno".

Dicho criterio, según la jurisprudencia del Tribunal de Derechos  Humanos de Estrasburgo, no se ve cumplimentado cuando "de forma  intencional, o al menos de forma consciente, se participa en  actividades que por las circunstancias que las rodean, pueden ser  objeto de registro o de información pública".  

Conforme a ello, "resulta patente que una conversación mantenida en  un lugar específicamente ordenado a asegurar la discreción de lo  hablado, como ocurre por ejemplo en el despacho donde se realizan las  consultas profesionales, pertenece al ámbito de la intimidad".

Un factor "decisivo" para ponderar si se ha vulnerado el derecho a  la intimidad es la ausencia o no de conocimiento y, por tanto, de  consentimiento de la persona captada por la cámara oculta.  

La sentencia subraya que es ilegítima la utilización de este tipo  de dispositivos "simulando una identidad oportuna según el contexto,  para poder acceder a un ámbito reservado de la persona afectada con  la finalidad de grabar su comportamiento o actuación desinhibida,  provocar sus comentarios y reacciones así como registrar  subrepticiamente declaraciones sobre hechos o personas, que no es  seguro que hubiera podido lograra si se hubiera presentado con su  verdadera identidad y con sus auténticas intenciones".

Los magistrados también rechazan de plano que el carácter  accesible al público de la parte de la vivienda dedicada a la  consulta o la aparente relación profesional entablada entre la  esteticista y la periodista que se hizo pasar por paciente tenga  entidad suficiente como para situar la actuación del recurrente  "extramuros" del ámbito del derecho a la intimidad.  

Es más, precisan que al no existir consentimiento "expreso, válido  o eficaz" por parte de la esteticista, "es preciso concluir que hubo  intromisión ilegítima en el derecho fundamental a la libertad  personal".

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